El cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos continuó el viernes. La administración Trump redobló su política del hambre dirigida a privar de alimentos a 42 millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) como parte de una guerra en curso contra la clase trabajadora, cuyo objetivo es trasladar todo el peso de la crisis del capitalismo sobre los trabajadores y sus familias.

En las grandes ciudades y pequeños pueblos de todo Estados Unidos, el país con más multimillonarios del mundo, trabajadores y sus familias hacen fila para recibir raciones alimenticias de emergencia. Desde Filadelfia hasta San Antonio y Seattle, trabajadores, jubilados y estudiantes hacen fila en iglesias, mezquitas, sinagogas y centros comunitarios para conseguir alimentos.

Mientras la administración afirma que “no hay dinero” para los cupones de alimentos, gasta millones de dólares diarios en guerras y represión. El jueves por la noche, el secretario de Guerra Pete Hegseth anunció otro crimen de guerra en el Caribe: un “ataque cinético letal” en aguas internacionales en el que se asesinó a tres supuestos “narcoterroristas” sin acusaciones, juicio ni siquiera una pretensión de debido proceso.

El mismo gobierno que envía miles de soldados a amenazar gobiernos latinoamericanos y asesinar navegantes, es el que argumenta ante los tribunales que no puede financiar el SNAP, el programa contra el hambre más grande de Estados Unidos.

El viernes, un juez federal rechazó la apelación de la administración Trump para suspender una orden judicial previa que exigía reanudar completamente la financiación del SNAP.

Tras el fallo del viernes, el Departamento de Justicia de Trump presentó de inmediato una apelación de emergencia ante la Corte Suprema. Esa misma noche, la jueza Ketanji Brown Jackson, nombrada por el presidente Joe Biden, bloqueó temporalmente la orden del tribunal inferior que exigía a la administración Trump reanudar los pagos completos del SNAP.

Durante la audiencia del viernes ante el tribunal de distrito, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la orden judicial “ridiculiza la separación de poderes”.

Esta afirmación es ridícula. El propio Trump ha hecho trizas la supuesta separación de poderes y la Constitución. En los últimos 10 meses, su administración ha librado guerras no declaradas en el Caribe y el Pacífico, bombardeado ilegalmente Irán, impuesto aranceles e impuestos por decreto sin aprobación del Congreso, y, mediante “emergencias nacionales” fabricadas, ha desplegado unilateralmente fuerzas armadas y federales en las principales ciudades para detener y deportar inmigrantes, acosar y secuestrar trabajadores y estudiantes.

Menos de una semana después de que Trump realizara una fiesta con temática del “Gran Gatsby” en Mar-a-Lago, los abogados del gobierno argumentaron ante el tribunal que no hay fondos suficientes para financiar tanto los programas de almuerzo escolar como a los beneficiarios del SNAP, muchos de los cuales son niños. El escrito del Departamento de Justicia sostiene que cumplir con la orden judicial “forzaría al USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.) a dañar permanentemente los Programas de Nutrición Infantil por la suma de 4.000 millones de dólares” e insiste en que “los intereses en juego y el interés público favorecen rotundamente una suspensión”.

La administración se queja de que la corte “difamó la decisión del USDA como arbitraria y caprichosa al señalar los comentarios públicos del presidente Trump advirtiendo que los beneficios del SNAP no estarían disponibles a menos que el Congreso reabra el gobierno”. Según el escrito, “el presidente simplemente estaba exponiendo los hechos”.

En realidad, las declaraciones de Trump y la argumentación jurídica del gobierno exponen un intento consciente de utilizar el hambre como arma política. La apelación advierte ominosamente que, si se transfieren fondos para asistencia alimentaria, no hay garantía de que el Congreso los reemplace—un reconocimiento explícito de que la administración y sus aliados en el Congreso tienen la intención de dejar colapsar estos programas. La apelación afirma:

[E]ste tribunal debería permitir que el USDA continúe con los pagos parciales y no obligar a la agencia a transferir miles de millones de dólares desde otro programa de red de seguridad sin certeza de su reposición.

El mismo gobierno que ha llenado los bolsillos de Wall Street y de las grandes corporaciones con subsidios, ha financiado guerras continuas, ha reducido los impuestos de los ricos y ha desviado fondos durante el cierre del gobierno para pagar al ejército y a la Gestapo migratoria, ahora declara que alimentar a los pobres perjudicaría el interés público.

Mientras crece la inseguridad alimentaria, el cierre está causando estragos en el transporte. El secretario de Transporte, Sean Duffy, ordenó a las aerolíneas reducir en hasta un 10 por ciento los vuelos en 40 aeropuertos, incluidos casi todos los grandes centros del país, para ahorrar fondos y enfrentar la escasez de personal en los centros de control aéreo. Los controladores aéreos y otros trabajadores aeroportuarios han dejado de cobrar al menos dos nóminas desde que comenzó el cierre el 1 de octubre. Cientos de vuelos fueron cancelados el viernes, intensificando el caos.

La situación en las torres de control se ha vuelto desesperada. Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, declaró a CNN:

Estamos viendo cómo renuncian los controladores de tráfico aéreo. No vimos eso en 2019. Hoy tenemos 400 controladores menos que durante el cierre de 2019. Y ahora han estado tan sobrecargados durante tanto tiempo, con tanta presión a sus espaldas, que están renunciando a la profesión.

Agregó que el cierre ha vuelto inviable la vida de muchos controladores:

Especialmente nuestros nuevos empleados que están en formación o que recién comienzan en esta carrera… están llamando a sus empleadores y diciendo: “No tengo gasolina hoy. No puedo pagar el cuidado infantil. ¿Puedo traer a mis hijos al trabajo?” Estas son situaciones reales. … Ya están endeudándose con las tarjetas de crédito, están tomando todos los préstamos posibles.

Sara Nelson, presidenta internacional de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, dijo a MSNBC que la situación es “urgente” y que los trabajadores están llegando a un “punto de quiebre”. Ella declaró:

Son héroes, pero también son humanos, y los humanos se quiebran en cierto punto, cuando ya no pueden llenar el tanque de gasolina, cuando ya no pueden comprar una comida para comer, cuando ya no pueden comprar su propia insulina para cuidarse a sí mismos o a sus familias.

Nelson y Daniels, como el resto de la burocracia sindical, no ofrecieron ninguna vía real de lucha. En lugar de convocar una huelga de trabajadores aeroportuarios y de aerolíneas para exigir la financiación plena de los programas sociales que benefician a la clase trabajadora, así como la renuncia y el enjuiciamiento de los criminales responsables de matar de hambre a niños y retener salarios, Nelson apeló al Congreso para que apruebe una resolución de continuidad y reabra el gobierno. Esta es también la exigencia del Partido Republicano, con un apoyo creciente por parte de senadores demócratas, lo cual deja todo el poder político en manos del mismo establecimiento corrupto responsable del cierre.

La respuesta del Partido Demócrata se ha mantenido completamente dentro del marco del programa de austeridad de Trump. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, propuso reabrir el gobierno a cambio de una extensión de un año de los subsidios del Obamacare.

“Los demócratas estamos listos para allanar el camino hacia la aprobación rápida de una ley de financiación del gobierno que incluya accesibilidad a la atención médica”, dijo Schumer, calificándola como “una ampliación de la ley vigente, algo que hacemos todo el tiempo por aquí.”

Los republicanos rechazaron inmediatamente la propuesta. El senador John Thune, líder de la mayoría republicana, calificó el plan como “inviable”. El senador Lindsey Graham lo denunció como “terrorismo político”.

Thune indicó que los senadores permanecerían en Washington durante el fin de semana para continuar las negociaciones. Trump, furioso ante la posibilidad de más demoras, exigió la eliminación del obstruccionismo parlamentario (“filibuster”) para que los republicanos pudieran aprobar una ley de financiación sin votos demócratas.

“El Senado de los Estados Unidos no debería abandonar la ciudad hasta que tengan un acuerdo para poner fin al Cierre Demócrata. Si no pueden alcanzar un acuerdo, los republicanos deberían eliminar INMEDIATAMENTE el filibuster…”, publicó Trump en su plataforma Truth Social el viernes.

La crisis del cierre no es simplemente un estancamiento temporal, sino una manifestación del colapso global del capitalismo. La clase dominante ya no puede resolver sus contradicciones mediante procedimientos democráticos normales.

El hambre y el desempleo no son fruto de una mala gestión, sino de una política de clase. La lucha por poner fin al cierre no puede confiarse al Partido Demócrata ni a la burocracia sindical, sino que exige la movilización independiente de los trabajadores en todos los sectores contra todo el sistema capitalista.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 7 de noviembre de 2025)