Ocho senadores demócratas votaron el domingo por la noche a favor de apoyar una moción para comenzar a debatir una resolución presupuestaria respaldada por Trump, dejando de pretender oponerse al presidente-dictador en potencia y procediendo a poner fin al cierre parcial del Gobierno. Esto resultó en voto de 60 a 40 a favor de una resolución de procedimiento que permitirá que el Senado vote sobre una resolución presupuestaria modificada en los términos dictados por Trump y los republicanos. 

Esta acción no es simplemente una capitulación ante Trump, sino una colaboración deliberada con la Administración republicana en condiciones de profundización de las crisis políticas, sociales y económicas del capitalismo estadounidense. Es una decisión calculada para salvar el Gobierno fascista a medida que su posición se vuelve cada vez más precaria.

Los ocho demócratas citaron la interrupción generalizada de los servicios públicos, desde el control del tráfico aéreo hasta los cupones de alimentos, como la razón de su  ante Trump. Esto, sin embargo, es solo una tapadera para la decisión de unir fuerzas con el presidente. 

Y no son solo los ocho senadores, sino el Partido Demócrata en su conjunto. Los que votaron con Trump incluyeron al senador de Illinois Dick Durbin, el líder de la minoría demócrata de segundo rango en el Senado. En una votación similar en marzo pasado, tanto Durbin como el líder de la minoría Charles Schumer “cruzaron” para lanzar un salvavidas a Trump en un punto muerto presupuestario anterior. Schumer ahora se hace pasar por intransigente, pero no hay duda de que, si su voto hubiera sido necesario, lo habría concedido.

La reversión demócrata no se debe al miedo a la fuerza o popularidad de Trump. Por el contrario, sigue una serie de eventos que demuestran la vasta hostilidad popular hacia este Gobierno y particularmente hacia los métodos cada vez más dictatoriales de Trump.

El 18 de octubre, las protestas masivas “Sin Reyes” llevaron a millones a las calles en más de 2.500 lugares en todo el país. Si bien los demócratas controlaban las plataformas de los oradores y buscaban bloquear cualquier llamado a la acción masiva, ambos partidos controlados por las corporaciones estaban claramente asombrados por la escala de la protesta y la indignación por los ataques de Trump contra los derechos democráticos y los trabajadores inmigrantes.

El 4 de noviembre, los demócratas se impusieron cómodamente en las elecciones locales, ganando las dos gobernaciones abiertas en Virginia y Nueva Jersey y la mayoría de las otras contiendas disputadas. La victoria del autodenominado “socialista democrático” Zohran Mamdani para el alcalde de la ciudad de Nueva York, derrotando al demócrata Andrew Cuomo, exgobernador del estado que tenía el apoyo tanto de Trump como de la cúpula del Partido Demócrata, desató una histeria anticomunista en la Casa Blanca y en Wall Street.

El alcance de la hostilidad masiva hacia Trump también se ha demostrado en la resistencia cada vez más militante a sus matones de las agencias migratorias mientras allanan vecindarios de inmigrantes, particularmente en Chicago. Las encuestas mostraron que el público culpó a Trump y a los republicanos por los retrasos en el tráfico aéreo causados por el cierre y el corte de cupones de alimentos en muchos estados. 

El domingo, Trump fue fuertemente abucheado mientras realizaba una ceremonia para juramentar a nuevos miembros del ejército durante un partido de fútbol profesional a las afueras de Washington D.C.

Justo en el punto de máxima vulnerabilidad de Trump, los demócratas intervinieron para apuntalarlo. A los tres días de la derrota electoral de los republicanos en las elecciones locales, los demócratas del Senado habían comenzado a señalar que cambiarían su posición sobre la resolución presupuestaria. 

Los demócratas abandonaron lo que habían presentado como su principal propósito al bloquear la resolución presupuestaria, la expiración de los subsidios a las primas para millones de familias de clase trabajadora inscritas bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare). Después de afirmar durante semanas que los subsidios tenían que incluirse en la resolución porque no confiaban en que el Gobierno republicano solucionara el problema más tarde, los demócratas acordaron una votación en el Senado sobre el tema en diciembre, sin garantías de que se aprobara.

El proyecto de ley no resuelve el estancamiento presupuestario, simplemente autoriza al Gobierno de Trump a gastar dinero hasta el 30 de enero de 2026, evitando escenas de aeropuertos paralizados y largas colas en los bancos de alimentos durante la temporada navideña. Revierte el despido permanente de 4.000 trabajadores federales durante el cierre, prohíbe más despidos hasta el 30 de enero y establece el pago completo para todos los trabajadores federales, incluidos los suspendidos. Esto se presentó como una “victoria” demócrata, pero es la norma después de todos los cierres federales anteriores.

El proyecto de ley también financia varios programas federales hasta el 30 de septiembre de 2026, incluido el Departamento de Agricultura, que supervisa el programa de cupones para alimentos. Esto no tendrá ningún efecto en los recortes de los cupones de alimentos promulgados como parte del “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” de Trump el verano pasado. Y no detendrá el ataque legal del Gobierno contra los beneficiarios, que ahora está siendo atendido por la Corte Suprema.

La apelación del Gobierno de Trump a la orden de un tribunal inferior que exige el pago completo de los beneficios de SNAP [los cupones de alimentos] en noviembre afirma, en su oración inicial, que “la orden del tribunal de distrito amenaza con causar un daño significativo e irreparable al Gobierno que supera cualquier daño reclamado a los demandantes”. En otras palabras, obligar al Gobierno a transferir dinero de una cuenta a otra es peor que hambrear a millones de personas, muchas de ellas niños.

Sin duda, hubo discusiones tras bambalinas entre los demócratas y Trump, a pesar de las afirmaciones de que no estaba directamente involucrado. Pero tales conversaciones habrían girado en torno a las diferencias reales entre ambos partidos corporativos, particularmente sobre la política exterior, donde los demócratas buscan una línea más militarista en la guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania. También hay divisiones significativas dentro de la élite gobernante sobre la política arancelaria de Trump, que fue impugnada la semana pasada ante la Corte Suprema de Estados Unidos y ha sido ampliamente condenada en la prensa financiera.

El final del cierre despeja el camino para un asalto frontal intensificado a los programas sociales básicos, incluidos el Seguro Social, Medicare y Medicaid. También permite el desarrollo continuo de la conspiración para imponer una dictadura. Los demócratas han habilitado a Trump porque apoyan los pilares fundamentales de su agenda interna, y les aterroriza cualquier cosa que pueda desencadenar un movimiento de masas desde abajo.

Toda la crisis presupuestaria de un mes expone la bancarrota de aquellos, como los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), que promueven la ilusión de que el Partido Demócrata puede ser empujado a la izquierda y a convertirse en el instrumento de reformas sociales progresistas, respaldando a políticos como Mamdani, Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders.

Los acontecimientos han demostrado lo contrario: el Partido Demócrata sirve al Estado capitalista y está profundamente integrado en el aparato de inteligencia militar. Sus dos nuevos gobernadores, por ejemplo, provienen de ese pozo negro de reacción. La gobernadora electa de Virginia, Abigail Spanberger, fue agente de carrera de la CIA antes de ingresar al Congreso en 2018. El gobernador electo de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, era piloto de helicóptero de la Marina, experto en el ejército ruso y fiscal federal, antes de ganar un escaño en la Cámara el mismo año.

Cualquiera que sea la vituperación mutua entre ellos, los dos partidos están unidos en su defensa del capitalismo y su oposición a cualquier movimiento independiente de la clase trabajadora. Es por eso que el Partido Socialista por la Igualdad insiste en que la base esencial de cualquier lucha genuina de la clase trabajadora es una ruptura con el sistema bipartidista y la movilización de los trabajadores como una fuerza política independiente.

Esto significa la formación de comités de base en fábricas, almacenes, oficinas y otros lugares de trabajo, así como en los barrios de la clase trabajadora, para organizar la defensa de los derechos democráticos y la lucha contra el sistema capitalista. Los trabajadores solo pueden defender sus empleos, salarios y niveles de vida, y servicios públicos vitales como la educación y la salud, a través de un asalto directo a la riqueza de la clase dominante.

Las fortunas de los multimillonarios, arraigadas en su control de los bancos, corporaciones y monopolios inmobiliarios, deben ser expropiadas y sus monopolios transformados en servicios públicos bajo el control democrático de los trabajadores. La cuestión fundamental es el liderazgo y la perspectiva. Hacemos un llamamiento a todos aquellos que quieran luchar contra la crisis capitalista para que se unan al Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de noviembre de 2025)