El 8 de septiembre, la mayoría fascista de seis magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó sin ofrecer ninguna explicación el principio constitucional de que los agentes del gobierno deben poseer una “sospecha razonable” individualizada, basada en algo más que la etnicidad, el lugar de empleo o el paradero de una persona, para detenerla e investigarla por su estatus migratorio.

Este fallo atroz se suma a la creciente lista de intervenciones “de emergencia” recientes de la Corte Suprema en casos pendientes, la mayoría de las cuales favorecen al Partido Republicano y particularmente a la expansión del poder ejecutivo bajo Donald Trump, quien abiertamente busca ejercer un poder dictatorial.

Tradicionalmente, la Corte Suprema supervisa por encima de los tribunales inferiores del país, otorgando “peticiones de certiorari” para revisar entre 50 y 100 casos de los varios miles presentados durante un año judicial, que comienza el primer lunes de octubre y concluye antes del feriado del 4 de julio. Cada uno de estos casos ya ha sido litigado completamente ante tribunales inferiores y suele presentar una cuestión legal importante, ya sea por conflictos entre fallos previos o incertidumbre legal. Los fallos resultantes se publican en opiniones escritas detalladas que sirven como precedentes legales vinculantes para casos futuros, y no es infrecuente que se acompañen de votos concurrentes o disidentes que complementan o cuestionan el razonamiento de la mayoría.

Hasta hace poco, la Corte Suprema rara vez concedía peticiones de emergencia, un poder judicial “extraordinario” que se supone debe usarse con moderación y únicamente para preservar el “status quo” y prevenir “daños irreparables” mientras se resuelven, a su ritmo glacial, los procedimientos judiciales ordinarios. El uso rampante —y el abuso— de esta “docket en la sombra” se disparó después de que los tres nombramientos hechos por Trump durante su primer mandato consolidaran la actual mayoría ultraderechista de seis votos en la Corte.

Las administraciones anteriores de George W. Bush y Barack Obama presentaron solo ocho peticiones de emergencia durante los primeros 16 años del siglo. La administración Trump presentó 41 durante su primer mandato, en general para eliminar obstáculos judiciales frente a la extensión de los poderes ejecutivos, y la Corte concedió 28 de ellas.

Sin embargo, cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, la Corte Suprema dio un giro y comenzó a conceder repetidamente peticiones de emergencia opuestas por su administración. Los dos fallos más notorios producidos durante su primer año en el cargo eliminaron una moratoria de desalojos implementada para frenar la propagación del COVID-19 y obligaron a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se resolvían sus casos.

Más adelante, durante el mandato de Biden, la mayoría en la Corte usó la docket en la sombra para anular un fallo de un tribunal inferior que incluía a dos jueces nombrados por Trump, reinstalando un gerrymandering pro republicano en Alabama, impidiendo a la Patrulla Fronteriza de EE.UU. remover alambradas con navajas colocadas a lo largo del Río Grande por orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, y bloqueando el restablecimiento de 1.600 votantes eliminados sumariamente del padrón electoral de Virginia bajo un programa republicano dirigido a supuestos no ciudadanos.

Durante las primeras 20 semanas del actual gobierno de Trump, se presentaron 19 peticiones de emergencia, la misma cantidad que la administración Biden presentó durante cuatro años, y la Corte falló a favor de Trump en el 84 por ciento de ellas.

Una indignación particular siguió a la orden emitida la semana pasada por la docket en la sombra que bloqueó una orden judicial temporal (TRO, por sus siglas en inglés) emitida el pasado julio por la jueza federal de Los Ángeles Maame Ewusi-Mensah Frimpong. Dicha orden prohibía a patrullas itinerantes del ICE detener a personas basándose únicamente en “(1) raza o etnicidad aparente, (2) hablar español o inglés con acento; (3) presencia en un lugar determinado; o (4) el tipo de trabajo que realizan”, y luego retenerlas sin acceso a los tribunales o a sus abogados.

La orden de la mayoría en la Corte no dice absolutamente nada sobre la explicación de 52 páginas dada por la jueza Frimpong para justificar su orden, ni la orden de 61 páginas del Noveno Circuito que la respaldaba. Ambas se fundamentan en el requisito explícito de la Cuarta Enmienda de establecer una “causa probable”, que expresa el principio democrático fundamental de que el gobierno no puede arrestar a seres humanos sin una “sospecha individualizada” de que han realizado alguna actividad ilegal, así como en la garantía de la Quinta Enmienda del debido proceso, incluyendo el acceso a los tribunales y el derecho a un abogado.

Aunque no hubo una opinión oficial firmada “por la Corte”, el magistrado asociado Brett Kavanaugh presentó una opinión concurrente afirmando que los perfiles raciales y basados en el empleo están justificados porque “el 10 por ciento de la población de la región de Los Ángeles”, que él estima en 2 millones, son “inmigrantes ilegales” responsables de “una gran variedad de problemas económicos y sociales significativos”.

Las cifras de Kavanaugh son vagas e infladas. Las estimaciones del censo de EE.UU. para 2023 indican que los inmigrantes indocumentados representan el 7,1 por ciento de la población del área metropolitana de Los Ángeles, es decir, alrededor de un millón de personas. Este número incluye porcentajes crecientes de inmigrantes de todas las regiones de Asia, Europa y África, además de América Latina.

La afirmación de Kavanaugh sobre “problemas económicos y sociales significativos” proviene de la propaganda de la derecha y carece de fundamento empírico. Un reciente estudio de la Universidad de California en Merced señala que, para el conjunto del estado, solo el 22 por ciento de los inmigrantes indocumentados residen en California desde hace menos de cinco años. Casi dos tercios han vivido allí por más de una década, incluyendo un 44 por ciento con más de 20 años de residencia. El valor de su trabajo en la economía californiana se estima en 275.000 millones de dólares al año.

Kavanaugh descartó la lista de historias de terror presentadas en el expediente del tribunal inferior sobre los métodos usados por agentes del ICE en sus redadas arbitrarias, afirmando sin evidencia que “cuando se detiene a individuos que se encuentran legalmente en el país, los interrogatorios suelen ser breves, y estas personas suelen quedar en libertad rápidamente luego de demostrar a los agentes migratorios que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en los Estados Unidos”.

Para Kavanaugh, y presumiblemente para los otros cinco fascistas que votaron con él, el requisito de causa probable de la Cuarta Enmienda le permite al ICE de Trump exigir: “¡Sus papeles, por favor!”, basándose exclusivamente en la apariencia étnica, el idioma o acento, empleo o ubicación de la persona detenida.

“Kavanaugh añadió: “En la medida en que se haya usado fuerza excesiva” por parte de un agente federal, “la Cuarta Enmienda prohíbe dicha acción, y deberían existir recursos legales disponibles en tribunales federales”.

Este comentario resulta especialmente hipócrita viniendo de un juez de la Corte Suprema que ha votado en múltiples ocasiones para bloquear demandas civiles contra agentes federales bajo el precedente histórico de 1971 Bivens vs. Seis Agentes Desconocidos, sin mencionar que ha respaldado prácticamente todas las sentencias que rechazan demandas constitucionales contra policías locales, en particular aquellas relacionadas con el uso excesivo de la fuerza, mediante la expansión del principio de “inmunidad calificada” hasta transformarlo en una barrera prácticamente insalvable para las víctimas.

Lauren Bonds, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Responsabilidad Policial, declaró a CNN: “Lo que hemos visto es que, periodo tras periodo, la Corte limita cada vez más las vías disponibles para demandar al gobierno federal”.

“Ya es casi imposible obtener algún tipo de remedio en un tribunal federal cuando un agente federal viola derechos federales”, agregó Patrick Jaicomo, abogado senior del instituto libertario Institute for Justice.

Kavanaugh inició su carrera legal derechista como abogado de la falsa investigación de Kenneth Starr sobre el entonces presidente Bill Clinton, quien fue impugnado por mentir sobre una relación sexual consensuada en la Oficina Oval. En un evento realizado el 11 de septiembre en un colegio comunitario en Waco, Texas, para homenajear a Starr (fallecido en 2022), Kavanaugh mintió descaradamente al público afirmando que los redactores de la Constitución “reconocieron, de una manera que me parece brillante, que preservar la libertad requiere separar el poder. Ninguna persona o grupo debe tener demasiado poder en nuestro sistema”.

Los manifestantes al otro lado de la calle lo desmintieron, portando pancartas como “BK—Títere de Trump” y, en referencia al infame fallo de 2024 que otorgó a Trump amplia inmunidad presidencial: “Qué vergüenza. Nadie está por encima de la ley”.

En la encuesta de Gallup de agosto de 2025, la aprobación de la Corte Suprema cayó al 39 por ciento, la primera vez que ha bajado del 40 por ciento, incluyendo un mínimo histórico del 11 por ciento entre demócratas y del 34 por ciento entre independientes. Está claro que la Corte Suprema está decidida a utilizar todas sus herramientas para desmantelar las instituciones democráticas y formalizar un régimen dictatorial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de septiembre de 2025)