El gobierno de Trump ha presentado una apelación ante la Corte Suprema para anular decisiones de dos tribunales inferiores que dictaminaron que el presidente había excedido sus poderes al imponer los llamados “aranceles recíprocos” bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977, con gravámenes que iban del 10 al 50 por ciento aplicados a casi todos los países del mundo.

A finales de mayo, el Tribunal Internacional de Comercio falló que no existía la emergencia nacional que Trump alegaba, supuestamente originada por los déficits comerciales, y que los poderes que otorga la IEEPA no se extendían a la imposición de aranceles.

El mes pasado, un tribunal de apelaciones federales ratificó esta decisión en una votación de 7 a 4, señalando que ni la palabra “arancel” ni ninguno de sus sinónimos como “impuestos” o “gravámenes” aparecen en el texto legislativo de la IEEPA.

El miércoles, el fiscal general John Sauer solicitó a la Corte Suprema que decidiera antes del 10 de septiembre si tomaría el caso, programara audiencias orales para la primera semana de noviembre y acelerara su fallo final “en la mayor medida posible”.

Si la Corte Suprema acepta el caso, como es casi seguro que lo hará, su decisión tendrá un impacto importante en la guerra arancelaria de Trump contra el resto del mundo. Más aún, tendrá implicaciones para su impulso de establecer una dictadura personalista basada en la afirmación reiterada de que su ejercicio del poder ejecutivo no debe estar limitado por “burócratas no electos” y tribunales “radicales y de izquierda”.

“Lo que está en juego en este caso no podría ser más grave”, escribió Sauer. “El presidente y sus funcionarios del gabinete han determinado que los aranceles están promoviendo la paz y una prosperidad sin precedentes, y que la anulación de la autoridad arancelaria dejaría a nuestra nación expuesta a represalias comerciales sin defensas eficaces y llevaría a Estados Unidos de nuevo al borde de una catástrofe económica”.

A medida que Trump persigue sus objetivos—la guerra económica contra el mundo y la dictadura en casa—la realidad se invierte.

Lejos de promover la paz, el aumento de aranceles es, como demuestra la historia de los años treinta, un factor clave en la promoción de los conflictos geopolíticos y la guerra. Y lejos de generar prosperidad, las medidas de Trump amenazan con causar una marcada reducción del comercio mundial y una contracción del crecimiento global.

En Estados Unidos están alimentando la inflación—cuyos efectos ya se reflejan en el reciente aumento del índice de precios al productor—y constituyen en esencia un impuesto que pagan los importadores estadounidenses y, en última instancia, los consumidores. Y el coste que representan para las grandes corporaciones—General Motors y Nike ya han reportado un impacto de 1.000 millones de dólares en sus ganancias netas—provocará medidas de reducción de costes para mantener los beneficios, lo que llevará a despidos, bajadas de salarios y al deterioro de las condiciones laborales.

Su único efecto “beneficioso” será el aumento de los ingresos fiscales con los que se financiarán los enormes regalos impositivos a las corporaciones y a los ultrarricos dentro del “gran y hermoso presupuesto”.

El argumento de que desestimar los aranceles recíprocos expondría a Estados Unidos a represalias fue quizás el más absurdo de todos. Estados Unidos solo afronta represalias por parte de las grandes potencias —China entre ellas—tanto amigas como enemigas, debido a los aranceles que ha impuesto y que han desmantelado por completo el sistema internacional de comercio instaurado tras la Segunda Guerra Mundial.

La presentación del Departamento de Justicia advirtió que la decisión del tribunal de apelaciones debilitó la posición global de Estados Unidos.

Afirmó que había “interrumpido negociaciones comerciales diplomáticas en curso de gran impacto y sensibles, y arrojado una sombra de incertidumbre legal sobre los esfuerzos del presidente para proteger a nuestro país de una crisis económica y de política exterior sin precedentes.”

Los alegatos legales de Sauer y del Departamento de Justicia ante la Corte Suprema se basaron en los desvaríos de Trump en redes sociales y en sus comentarios a la prensa, afirmando que los aranceles traerían cientos de miles de millones de dólares al país, lo cual ahora estaría en peligro.

En una publicación en redes sociales el fin de semana pasado en respuesta al fallo del tribunal de apelaciones, Trump escribió: “¡Si se permite a una Corte de Izquierda Radical eliminar estos Aranceles, casi toda esta inversión, y mucho más, se cancelará de inmediato! De muchas maneras, nos convertiríamos en una Nación del Tercer Mundo, sin esperanza de GRANDEZA otra vez”.

Este fue el tema de sus declaraciones a la prensa en la Casa Blanca al anunciar la decisión de llevar el asunto ante la Corte Suprema.

“Si no ganamos ese caso, nuestro país va a sufrir muchísimo”, dijo, ya que Estados Unidos tendría que “deshacer” los acuerdos preliminares que había alcanzado con la Unión Europea, Japón y Corea del Sur. Esos “acuerdos”, impuestos bajo la amenaza de grandes aumentos arancelarios, contenían compromisos vagos sobre flujos de inversión hacia Estados Unidos por montos de cientos de miles de millones de dólares.

“No puedo imaginar que eso ocurra”, dijo Trump. “Desde un punto de vista legal, no tienen ninguna base legal, absolutamente ninguna, pero desde una perspectiva de sentido común, destruiría a Estados Unidos”.

Cada vez que un fallo judicial le ha sido adverso, Trump ha lanzado ataques contra los jueces calificándolos de “radicales” e incluso de “marxistas”. En este caso, había jueces designados por republicanos y demócratas en ambos lados de la decisión del tribunal de apelaciones, y la opinión en disenso, respaldada por otros tres jueces, fue redactada por Richard Taranto, designado por Obama.

“No conocemos ninguna base persuasiva para pensar que el Congreso quiso negar al presidente el uso del instrumento arancelario, una herramienta regulatoria común, para enfrentar las amenazas cubiertas por la IEEPA”, escribió.

El asesor principal de la Casa Blanca en comercio e industria, Peter Navarro, dijo que el fallo en disenso “presenta un camino muy claro para que la Corte Suprema falle a nuestro favor”.

Sería un error simplemente desechar las advertencias de Trump sobre la “devastación para nuestro país” y su transformación en una “nación del Tercer Mundo” si se eliminan los aranceles como meros delirios sin sentido.

A su manera distorsionada, son expresión de la creciente crisis económica del sistema capitalista en su conjunto—una podredumbre que, como en un pez, comienza por la cabeza. Es significativo que el dirigente de la nación imperialista más poderosa insista en que su mera supervivencia depende de la extracción mafiosa de riqueza y recursos del resto del mundo.

Queda por ver cómo argumentará el gobierno ante la Corte Suprema a favor de un poder ejecutivo presidencial sin trabas en materia arancelaria. Pero ya se ha dado una indicación con el caso de Lisa Cook, la gobernadora de la Reserva Federal destituida el mes pasado en el intento de Trump por tomar el control del banco central y forzarlo a reducir las tasas de interés en hasta tres puntos porcentuales.

En una entrevista con USA Today, el vicepresidente JD Vance expuso con claridad la visión de la Casa Blanca sobre este tema. Era “algo un poco absurdo”, dijo, que el presidente “no tenga la capacidad de tomar estas determinaciones” y que “siete economistas y abogados puedan decidir algo crucial para el pueblo estadounidense sin ninguna intervención democrática”.

La Reserva Federal, como todas las demás instituciones del Estado capitalista, es por su propia naturaleza antidemocrática. Fue establecida para proteger y promover los intereses de la clase capitalista dominante y de la oligarquía financiera. La organización de la política económica y monetaria solo se hará democrática cuando las “palancas fundamentales” de la economía, las finanzas y las grandes corporaciones estén en propiedad pública y bajo control democrático.

Buscando explotar la hostilidad de amplios sectores de la población hacia las operaciones de la Reserva Federal, Vance presentó el intento del gobierno de tomar el control bajo el ropaje de la “democracia”.

Pero eso es sólo la forma exterior. Su contenido interno es la dictadura—la idea de que el poder debe estar exclusivamente en manos del presidente, sin restricciones por parte de los tribunales ni otras instituciones, que solo él interpreta la “voluntad del pueblo”, y que su poder debe extenderse a todas las áreas de la economía, desde la política monetaria hasta los aranceles.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 5 de septiembre de 2025)