La declaración de la clase dominante de que “la pandemia ha terminado” ha sido refutada una vez más, ya que la undécima ola de infección masiva por COVID-19 se está extendiendo por los EE UU. y otros países, impulsada por nuevas variantes altamente transmisibles. El virus del coronavirus, SARS-CoV-2 no ha mostrado signos de establecerse en un estado “endémico” y predecible como fue falsamente prometido tanto por los científicos oficiales como los negacionistas en temas de COVID.

El aumento actual está siendo impulsado por dos variantes dominantes: NB.1.8.1, denominada “Nimbus”, y XFG, conocida como “Stratus”, que juntas representan una nueva fase de la evolución viral. NB.1.8.1 ahora representa el 43 por ciento de los casos en EE.UU., mientras que XFG se ha extendido rápidamente por todo el mundo y comprende la tercera cepa más prevalente a nivel nacional.

Según Pandemic Mitigation Collaborative (PMC) de la Universidad de Tulane, el seguidor público más consistente disponible en los EE.UU., las nuevas infecciones diarias alcanzaron las 347.000 para el 21 de julio, y los pronósticos sugieren que este número casi se duplicará para el próximo mes.

Extrapolando estos datos, el PMC estima que durante el próximo mes habrá un exceso de mortalidad de entre 6.700 y 11.200 por COVID-19, mientras que hasta 3,76 millones de estadounidenses se unirán a las decenas de millones más que ya padecen COVID persistente. Sorprendentemente, estiman que el estadounidense promedio se ha infectado 3,85 veces, lo que significa que se han producido más de mil millones de infecciones por COVID-19 en los EE. UU. desde que comenzó la pandemia.

Datos separados compilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, todas las siglas en inglés) indican que las muertes oficiales en los EE.UU. siguen siendo elevadas en un 10,6 por ciento por encima de los niveles previos a la pandemia, lo que subraya la carga de mortalidad en curso causada por la pandemia.

La crisis actual representa la culminación de una guerra bipartidista contra la salud pública, que no comenzó con el regreso de Trump al poder, sino con el desmantelamiento sistemático de las protecciones contra el COVID-19 por parte de la Administración de Biden. La declaración de Biden en septiembre de 2022 de que “la pandemia ha terminado” preparó el escenario para el desmantelamiento de todas las medidas de salud pública bajo los dictados del charlatán antivacunas Robert F. Kennedy, Jr.

Desde que tomó el control del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Kennedy ha desatado un asalto sin precedentes contra las agencias federales de salud. El empleo de HHS se ha reducido de 82.000 a 62.000 trabajadores a través de despidos masivos, adquisiciones y jubilaciones anticipadas. Las 28 divisiones de la agencia se están consolidando a solo 15, con numerosas oficinas completamente cerradas.

Bajo el presupuesto propuesto para el año fiscal 2026, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) enfrentan un asombroso recorte de $18 mil millones, una reducción del 40 por ciento que devastaría la investigación médica. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) perderían $3.6 mil millones, más de la mitad de su presupuesto, con programas críticos para la prevención de enfermedades crónicas, la vigilancia del VIH y el monitoreo de la salud mundial, que fueron eliminados por completo.

Estos coinciden con una destrucción calculada del propio método científico. Kennedy despidió a expertos en vacunas, rescindió las recomendaciones de vacunación contra la gripe basadas en evidencia y el viernes anunció planes para despedir a los 16 miembros del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU., que determina qué deben cubrir las aseguradoras de exámenes de detección de cáncer y servicios de salud preventivos. La Administración ha cancelado más de $11 mil millones en fondos a los departamentos de salud estatales y locales, cortando las conexiones entre las agencias federales y los trabajadores de salud pública de primera línea.

El momento de este asalto a la salud pública es particularmente siniestro. A medida que las nuevas variantes de COVID-19 aumentan las hospitalizaciones y los casos de COVID persistente, el Gobierno está destruyendo sistemáticamente la capacidad de monitorear, responder y mitigar todos los brotes de enfermedades.

Además, estos ataques cada vez más profundos a la salud pública tienen lugar a medida que la evidencia científica proporciona una visión más profunda de una de las consecuencias más devastadoras a largo plazo de la pandemia: el daño neurológico generalizado que afectará a la clase trabajadora durante generaciones. Dos estudios históricos publicados en Nature Communications y Science Advances proporcionan evidencia forense de los embates del COVID-19 en la salud cerebral, exponiendo la negligencia criminal de todos aquellos que declararon falsamente que la pandemia “había terminado”.

El estudio de Nature Communications descubrió que simplemente vivir la pandemia, incluso sin infección, aceleraba el envejecimiento cerebral un equivalente a 5,5 meses adicionales, con los mayores impactos en adultos mayores, hombres y personas de entornos desfavorecidos. Para los casos confirmados con COVID-19, este envejecimiento cerebral se relacionó con un deterioro cognitivo medible.

Más alarmante aún, la investigación de Science Advances demostró que el SARS-CoV-2 puede desencadenar directamente la formación de placas beta-amiloides que caracterizan la enfermedad de Alzheimer. Utilizando modelos de retina humana cultivados en laboratorio y tejido postmortem de pacientes con COVID-19, los investigadores encontraron proteínas virales incrustadas dentro de estas placas, lo que sugiere que COVID-19 puede iniciar o acelerar la neurodegeneración a través de mecanismos biológicos directos.

La advertencia profética de 2022 de la neurocientífica Leslie M. Kay de “una ola inminente de demencia” ahora parece sombríamente profética. La pérdida persistente del olfato y el gusto que afecta a millones de sobrevivientes de COVID-19 puede indicar etapas tempranas de enfermedades neurodegenerativas, ya que el virus inflama el bulbo olfatorio, un área crucial para la memoria y la emoción. Críticamente, este daño ocurre incluso en casos leves, lo que significa que el costo neurológico se extiende mucho más allá en los que fueron hospitalizados.

Estas políticas equivalen a lo que Friedrich Engels denominó “asesinato social”: la creación sistemática de condiciones que acortan la vida de la clase trabajadora. Los $156 mil millones en ahorros de la Seguridad Social por el exceso de muertes por COVID-19 no son incidentales, sino que están integrados en la estrategia. Al destripar el sistema de salud pública, la Administración de Trump está diseñando un aumento en las tasas de mortalidad para reducir las obligaciones con Medicare y la Seguridad Social, liberando fondos para el militarismo y los recortes de impuestos para los ricos.

Las recientes muertes horripilantes y prevenibles en el lugar de trabajo de Ronald Adams Sr. y Brayan Neftali Otoniel Canu Joj subrayan esta realidad. Se encuentran entre los más de 140.000 trabajadores que mueren cada año por condiciones de trabajo peligrosas en el matadero industrial de Estados Unidos, incluidos más de 5,000 por lesiones traumáticas.

Adams, un reparador de máquinas de 63 años en la planta de motores de Dundee de Stellantis, murió aplastado en abril cuando un pórtico superior se activó repentinamente mientras realizaba el mantenimiento. Brayan, un trabajador inmigrante guatemalteco de 19 años, fue asesinado mientras limpiaba una picadora industrial de carne en la planta de Tina's Burritos en Vernon, California.

El ataque al por mayor a la ciencia, la salud pública y la seguridad en el lugar de trabajo cumple múltiples funciones para la élite gobernante. Elimina la evidencia inconveniente de las crisis de salud en curso, desmantela las instituciones limitadas que supervisan ostensiblemente la seguridad en el lugar de trabajo, como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y normaliza las muertes masivas como un costo aceptable en nombre de las ganancias. El despido de expertos en salud pública y la desfinanciación de la vigilancia de enfermedades garantizan que los brotes futuros se enfrenten a la ignorancia en lugar de a respuestas basadas en la ciencia.

Los trabajadores deben reconocer que estas políticas interconectadas representan la guerra de clases desde arriba. La pandemia expuso la incapacidad fundamental del capitalismo para proteger la vida humana cuando entra en conflicto con la obtención de ganancias. Ahora, a medida que el virus continúa evolucionando y propagándose, la clase dominante está cegando deliberadamente a la población ante las consecuencias en lugar de implementar las medidas de salud pública necesarias para poner fin a la pandemia.

La clase trabajadora debe organizarse para reclamar la salud pública y la salud como derechos sociales fundamentales, basados en la ciencia, la cooperación internacional y el principio de que ninguna muerte es aceptable cuando existen las herramientas para prevenirla. Solo a través de la transformación socialista de la sociedad se priorizarán las vidas humanas sobre el lucro privado y la pandemia terminará de una vez por todas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de junio de 2025)