En mayo de 2026, Sernageomin, el organismo regulador minero de Chile, determinó que los seis trabajadores subcontratados que murieron en la mina El Teniente el 31 de julio de 2025 no fueron víctimas de un evento natural imprevisible. Murieron a causa de una cadena de mando que, durante años, ignoró sistemáticamente las alertas sísmicas, ocultó al regulador las condiciones mineras inseguras, falsificó informes de seguridad y mantuvo a los trabajadores en áreas que se sabía que eran peligrosamente inestables.

Esto ocurrió a través de los mecanismos de una empresa estatal que opera bajo la presión implacable del mercado capitalista mundial. También ocurrió bajo la supervisión del gobierno “progresista” de Gabriel Boric, con Jeannette Jara, integrante del Partido Comunista, como ministra de Trabajo, y con la complicidad activa del aparato sindical de los mineros del cobre.

La cadena de acontecimientos que condujo a la muerte de Paulo Marín Tapia (48), Gonzalo Núñez Caroca (33), Alex Araya Acevedo (29), Carlos Arancibia Valenzuela (34), Jean Miranda Ibaceta (31) y Moisés Pavez Armijo (33) puede rastrearse con precisión.

En julio de 2023, una explosión de rocas en la intersección del Loop 1 de El Teniente dejó una sobre excavación de 13 metros en el techo del túnel. Codelco reparó el daño con sistemas de soporte que no cumplían con los estándares.

Pero la empresa también hizo algo más. Un borrador de informe interno con fecha del 5 de diciembre de 2023, que analizaba las causas del suceso de 2023, contenía referencias a un sector denominado “Panel Invariante”: una zona minera que se había explotado sin el conocimiento previo del Sernageomin, y mucho menos con los permisos válidos necesarios.

Cuando Codelco presentó su informe final al regulador el 18 de diciembre de 2023, todas las referencias al Panel Invariante habían sido eliminadas. La empresa solo reveló esta información después de que el fiscal solicitara los documentos internos a raíz de la tragedia de 2025. El 13 de febrero de 2026, Codelco dio a conocer los correos electrónicos ocultados que contenían la instrucción de que “el informe que presentaremos a Sernageomin es un informe con un nivel de detalle menor que este y no menciona el Panel Invariante debido a los procesos de obtención de permisos que tenemos en curso en este sector”.

Esto no fue un descuido. Fue una falsificación deliberada de un documento presentado ante una autoridad reguladora estatal. Al eliminar a Panel Invariante del informe, Codelco impidió que Sernageomin pudiera realizar una evaluación realista de riesgos. Se le pedía al regulador que aprobara condiciones de seguridad basadas en información que había sido manipulada.

El informe de Sernageomin de mayo de 2026 también estableció que Codelco había extraído un “pilar de desacoplamiento” de roca sólida de 120 metros de altura—una barrera estructural que la aprobación del proyecto de 2018 había designado explícitamente como el mecanismo de seguridad principal para evitar la propagación de tensiones geomecánicas entre las zonas mineras. No se llevó a cabo ninguna reevaluación formal de los supuestos geomecánicas tras la remoción del pilar, y la operación continuó en condiciones radicalmente diferentes a las aprobadas originalmente. Sernageomin concluye que esto “transformó un diseño teóricamente seguro, en una configuración de alto riesgo de propagación de daños en cascada”.

Además, en los días previos al desastre del 31 de julio de 2025, el propio sistema de monitoreo sísmico de la mina había estado emitiendo señales de peligro. En la mañana del 31 de julio, los informes operativos señalaron “alta sismicidad” en los sectores de Dacita Sur, Recursos Norte y Reno. Aproximadamente a las 2:00 p. m., los trabajadores que se encontraban en su descanso para almorzar informaron haber escuchado una explosión “mucho más fuerte que los polvorazos habituales”.

Ninguna de estas advertencias desencadenó ninguna medida de protección. La gerencia ordenó que las operaciones continuaran. El supervisor de turno, actuando bajo un procedimiento que delegaba las decisiones de evacuación por completo al nivel de turno, sin la obligación de escalar el asunto a especialistas en geomecánica señaló que la sismicidad estaba “fuera de los límites” y, al mismo tiempo, declaró que las operaciones continuarían sin “restricciones”.

A las 5:34 p. m., una explosión de rocas de 4,3 Mw sacudió la mina. Seis hombres murieron.

Fraude en la producción

El ocultamiento de datos de seguridad forma parte de una cultura más amplia en la que la presentación de cifras se subordina a la necesidad imperiosa de cumplir con las metas de producción, mantener el precio de las acciones de los bonos de Codelco que cotizan internacionalmente y proteger las bonificaciones y las carreras de los ejecutivos que dirigían la corporación.

En mayo de 2026, una auditoría interna encargada por el consejo de administración de Codelco—ahora está controlada por Kast—reveló que la corporación había sobreestimado su producción de cobre de 2025 en aproximadamente 27.000 toneladas métricas, lo que representa cerca del 2 por ciento de la producción total reportada. Correos electrónicos internos filtrados a la prensa chilena revelaron que la inflación de las cifras de producción fue una operación coordinada, planeada y ejecutada a nivel de la vicepresidencia.

El 9 de diciembre de 2025, el vicepresidente de mercadotecnia de Codelco, Braim Chiple, envió un correo electrónico al director general Rubén Alvarado en el que discutía los esfuerzos para contabilizar “productos no tradicionales”—escoria, polvos metalúrgicos, ladrillos de fundición, arsenitos de calcio—como producción final de cobre para cumplir con las metas de fin de año.

“Durante noviembre ingresamos lo que más pudimos”, escribió Chiple. “Seguimos trabajando con las divisiones para poner en valor todo material con cobre”. El correo electrónico también fue enviado con copia al vicepresidente de operaciones y al vicepresidente de estrategia y control de gestión.

Un patrón de impunidad

El fraude en la producción y el encubrimiento de los incidentes de seguridad no son escándalos aislados. Son manifestaciones de la misma cultura corporativa y siguen la misma lógica de clase: el alto mando queda protegido, los ejecutivos de menor rango son sacrificados cuando la revelación se vuelve inevitable y la clase trabajadora paga el precio real mediante recortes de empleo, una explotación intensificada y, en los peores casos, con sus vidas.

Este patrón es evidente en todas las crisis que han sacudido a Codelco. Cuando la propia investigación interna de Codelco finalmente obligó a despedir a tres altos ejecutivos en febrero de 2026—el vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza; el gerente general de El Teniente, Claudio Sougarret; y el gerente de Proyectos, Rodrigo Andrades, la empresa presentó esto como una muestra de rendición de cuentas.

Pero Barraza, cuyo salario anual superaba los 700 millones de pesos chilenos (aproximadamente 740.000 de dólares estadounidenses), presentó de inmediato una demanda laboral contra Codelco por 1,142 millones de dólares en concepto de indemnización por despido, negando toda responsabilidad y alegando que el despido era “un simple pretexto para sanear su imagen ante la opinión pública por la responsabilidad en ese hecho posterior”. Sougarret, cuyo salario anual superaba los 119 millones de pesos chilenos, se retiró con su indemnización intacta.

El director general en el momento del desastre, Rubén Alvarado, permaneció en su cargo hasta el final de su mandato en julio de 2026 —casi un año completo después del derrumbe.

El presidente del consejo de administración durante todo el período del encubrimiento, Máximo Pacheco, completó su mandato y le cedió el cargo a su sucesor, Bernardo Fontaine, sin haber sido obligado en ningún momento a declarar ante la Fiscalía. Sigue siendo imputado en la investigación penal, pero hasta agosto de 2026 no ha sido citado a comparecer.

El fraude en la producción siguió la misma trayectoria. César Márquez, gerente corporativo de Presupuesto y Control de Gestión, fue despedido. Otras siete personas recibieron sanciones disciplinarias. Márquez era un funcionario de nivel medio. Sus superiores—el vicepresidente Chiple, quien orquestó la operación fraudulenta, y el director ejecutivo Alvarado, a quien se le mantenía informado de su avance por correo electrónico—no fueron despedidos. Alvarado emitió un comunicado en el que afirmaba que los correos electrónicos reflejaban “procesos normales” y que era “incorrecto sostener o insinuar que hubiese participado en ‘preparativos para inflar producción”. El consejo de administración aceptó esta explicación.

Mientras tanto, los costos se repercuten hacia abajo. La suspensión del proyecto Andes Norte en El Teniente en agosto de 2026, provocada por los mismos riesgos sísmicos profundos que la empresa había pasado años ocultando, ha sumido a aproximadamente 3.000 trabajadores contratados en una incertidumbre inmediata. El director general de la división, Gustavo Reyes, le dijo a la Comisión de Minería del Senado que 700 trabajadores cuyos contratos estaban por vencer no serían incluidos en los planes de reubicación y simplemente serían despedidos.

De los 2.400 restantes, tal vez entre 600 y 700 podrían ser reasignados dentro de la mina. Para el resto, no había garantías. La empresa estableció un plazo de 42 días para presentar un plan de mitigación, durante el cual se seguirían pagando los salarios, pero más allá de eso, no se prometió nada.

Este es el mecanismo. Los ejecutivos que falsificaron informes de seguridad ocultaron el sector minero del Panel Invariante al Sernageomin, agotaron el pilar de desacoplamiento, ignoraron las advertencias sísmicas e inflaron las cifras de producción siguen cobrando sus salarios, recibiendo sus indemnizaciones por despido e impugnando sus despidos ante los tribunales. Los trabajadores—los 3.000 cuyos empleos penden de la suspensión de Andes Norte, las familias de los seis fallecidos y los 61.000 subcontratistas que trabajan bajo la amenaza permanente de que no se les renueve el contrato, son quienes asumen las consecuencias.

El gobierno de Boric-Jara: el marco político del encubrimiento

Cada elemento de esta catástrofe se desarrolló bajo el gobierno de Gabriel Boric y su coalición “Apruebo Dignidad”, que incluía al Frente Amplio, al Partido Comunista, al Partido Socialista y a otras fuerzas de la “izquierda” chilena. Boric había sido elegido en 2021 en una ola de oposición social tras el levantamiento social anticapitalista de 2019, prometiendo “enterrar el neoliberalismo”. Nombró a Máximo Pacheco Matte como presidente del consejo de administración de Codelco y a Jeannette Jara, del Partido Comunista, como ministra de Trabajo.

El mandato de Jara como ministra del Trabajo no supuso un alejamiento de las políticas antiobreras que caracterizaron a todos los gobiernos anteriores, sino que continuó y profundizó su impacto. Su “reforma” insignia fue una ley de pensiones que, en palabras de José Piñera, el arquitecto del sistema de pensiones privatizado de Pinochet amplió el modelo de ahorro privado en un 60 por ciento y consolidó su vigencia “indefinidamente”. El régimen de subcontratación que hizo posible la catástrofe de El Teniente, en virtud del cual el 78 por ciento de la fuerza laboral de Codelco está empleada a través de empresas subcontratistas con salarios inferiores, sin seguridad laboral y sin representación efectiva en materia de seguridad, fue administrado por el ministerio de Jara.

Cuando ocurrió la catástrofe, Boric se apresuró a viajar a Rancagua para dirigir la operación de rescate, prometiendo que “Se debe asignar toda la responsabilidad” y agregando cínicamente que “Debe haber justicia (...) cuando la justicia se demora y no es oportuna, no es justicia”. Las familias de los seis siguen esperando.

Máximo Pacheco, presidente del consejo de administración de Codelco, encargó una auditoría cuyos términos de referencia se diseñaron desde el principio para tratar el desastre como un asunto de ajustes administrativos en lugar de una responsabilidad penal. Su auditoría se le entregó a Mark Cutifani, exdirector ejecutivo de Anglo American, cuya carrera se ha dedicado por completo a maximizar las ganancias de operaciones mineras en seis continentes.

La verdadera postura de Codelco respecto a las muertes queda al descubierto en su respuesta a la investigación penal llevada a cabo por la fiscalía regional de O’Higgins el pasado agosto. El 4 de julio de este año, Codelco presentó una moción ante el Tribunal de Garantías de Rancagua para limitar el alcance de las solicitudes de información de la fiscalía, argumentando, en esencia, que no se debería permitir que la investigación examinara el historial completo de las operaciones de la división. Esta es la “rendición de cuentas” que prometió Boric.

El papel del aparato sindical

Ningún análisis del desastre de Codelco está completo sin un examen del papel desempeñado por el aparato sindical. La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y la Central Única de Trabajadores (CUT) no son representantes de la clase trabajadora en ningún sentido de la palabra, sino más bien instrumentos a través de los cuales el Partido Comunista estalinista, el Partido Socialista nacionalista y la pseudoizquierdista Frente Amplio ejercen control sobre la clase trabajadora en nombre del Estado capitalista.

La FTC, que representa a los empleados directos de Codelco a través de 26 sindicatos, ha estado dominada durante décadas por líderes formados en la “izquierda” chilena o alineados con ella. Su actual presidente, Héctor Roco, es un socialista no registrado que lleva 19 años en la dirección de la federación. Su predecesor, Raimundo Espinoza, también socialista, ocupó la presidencia de 1993 a 2018, un cuarto de siglo durante el cual se profundizó el régimen de subcontratación, se recortó el empleo directo y se consolidaron las condiciones que condujeron al desastre de El Teniente. Amador Pantoja, presidente del sindicato unificado de Sewell y El Teniente y ex presidente de la FTC, fue miembro del Partido Comunista durante tres décadas. La junta nacional de la FTC incluye a líderes que respaldaron públicamente al fascista pinochetista y antiobrero Kast en las elecciones presidenciales de 2021, lo cual es en sí mismo una gran acusación contra la “izquierda”.

La respuesta de la FTC al desastre de El Teniente fue reveladora. El 6 de agosto de 2025, seis días después del derrumbe, la federación emitió un comunicado público. Expresó sus condolencias. Pidió una “exhaustivos análisis del modelo de seguridad de Codelco”. Exigió “relevar la Seguridad y Salud Ocupacional a la categoría de Vicepresidencia” y se declaró en “un estado de alerta.” Lo que no hizo fue convocar una huelga. Lo que no hizo fue exigir el arresto de los ejecutivos responsables. Lo que no hizo fue movilizar a sus miembros para detener la producción hasta que se garantizara la seguridad. En cambio, la FTC participó en el “Pacto Estratégico” con la gerencia de Codelco, un mecanismo de colaboración de clases que el propio secretario general de la federación, Aldo Binimelliz, admitió que había “dado cero resultados”.

La postura de la federación a lo largo de la crisis posterior ha sido consistente: apela al Estado para que defienda a Codelco como empresa estatal, al tiempo que se niega a librar cualquier lucha contra las condiciones que imperan en su interior. Cuando el Partido Republicano propuso privatizar al gigante minero, la FTC respondió con su habitual serie de comunicados, conferencias de prensa y amenazas de “salir a la calle”. En cuanto a la seguridad de los trabajadores, los salarios de los contratistas o el enjuiciamiento de los ejecutivos criminales, la federación guarda silencio. La razón no es difícil de discernir. La FTC representa a 15.694 empleados directos. Tanto la fuerza laboral directa como los trabajadores subcontratados están unificados en la producción y comparten un enemigo de clase común. Sin embargo, la FTC ha exacerbado el sistema introducido por el régimen de Pinochet para abrir una brecha en el sector más poderoso de la clase trabajadora chilena y mantenerlo dividido.

La CTC, que representa nominalmente a los 61.000 trabajadores contratados, es aún más directamente un instrumento del Partido Comunista. Su presidente de larga data, Christian Cuevas, fue miembro del PC y se desempeñó como agregado laboral en España antes de regresar a Chile para dirigir la confederación. La presidenta actual, Ana Lamas, opera dentro del mismo marco político. El principal logro de la CTC, conocido como el Acuerdo Marco, se presenta como una victoria para los trabajadores subcontratados.

En realidad, el Acuerdo Marco es un mecanismo para regular y contener las luchas del sector más explotado de la fuerza laboral minera. El acuerdo no establece un salario base. Fija límites mínimos para las prestaciones y ajustes según el IPC, al tiempo que deja intactas la relación salarial fundamental y el propio sistema de subcontratación. Cuando la CTC convoca movilizaciones, como lo hizo en enero y marzo de 2026 por la renovación del Acuerdo Marco, lo hace dentro de parámetros cuidadosamente controlados: breves bloqueos en las entradas de las minas, unas pocas horas de interrupción, y luego de vuelta a la mesa de negociaciones. El objetivo no es acabar con la subcontratación, sino asegurar mejoras marginales que refuercen la legitimidad del régimen de subcontratación y justifiquen su propia existencia.

La CUT, la central sindical nacional de Chile, está dirigida por figuras del Partido Socialista y del Partido Comunista. Tras el desastre de El Teniente, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz (PS), se reunió con Boric no para exigir justicia, sino para instar al gobierno a “actuar rápidamente porque hay familias esperando,” refiriéndose a las familias que esperaban que la mina reabriera para que los trabajadores no fueran despedidos. Este no es el lenguaje de la lucha de clases, sino de la vigilancia laboral.

La carta abierta publicada de manera anónima por mineros subcontratados inmediatamente después del desastre capturó una realidad que conocen muy bien:

Esta tragedia no es un hecho aislado, ni una casualidad. Es la consecuencia directa de condiciones laborales que venimos denunciando hace años, sin ser escuchados. Se privilegia la producción a toda costa, incluso cuando eso significa sacrificar vidas humanas.

A la inoperancia de la administración de Codelco y sus empresas contratistas, se suma otro factor que agrava esta situación: la complicidad de sindicatos amarillos, funcionales a los intereses patronales. Estas organizaciones, que deberían fiscalizar y defender la vida y los derechos de los trabajadores, se han transformado en meros instrumentos de control interno, más preocupados de mantener sus privilegios que de proteger a quienes los eligieron. Guardan silencio ante los abusos, ocultan las denuncias y no cumplen su rol frente a los riesgos que nos afectan día a día.

L a brecha de clases

Las relaciones sociales de la producción de cobre en Chile están definidas por un abismo entre quienes extraen la riqueza y quienes se la apropian, un abismo que no solo se extiende entre trabajadores y propietarios, sino también dentro de la propia fuerza laboral.

En la cima se encuentran las dinastías mineras. Solo en el año que terminó en enero de 2026, la fortuna de Iris Fontbona, matriarca de la familia Luksic que controla Antofagasta Plc, aumentó un 91 por ciento hasta alcanzar los 55,6 mil millones de dólares estadounidenses. Antofagasta Minerals, de la familia Luksic, le paga a su director ejecutivo, Iván Arriagada, aproximadamente entre 3 y 4 millones de dólares estadounidenses al año; el director ejecutivo global de BHP, Mike Henry, recibió 8,5 millones de dólares en remuneración total durante el año que terminó en junio de 2025.

En Codelco, el director ejecutivo, Rubén Alvarado, hasta su salida en julio de 2026, recibió un salario bruto anual de aproximadamente 525 millones de pesos chilenos (unos 553.000 dólares). Los principales vicepresidentes y directores generales de división ganaron entre 500 y 700 millones de pesos chilenos (entre 530.000 y 740.000 dólares). Los miembros del consejo de administración recibieron honorarios anuales de entre 70 y 88 millones de pesos chilenos (entre 74.000 y 93.000 dólares) por desempeñar funciones de gobierno a tiempo parcial.

Según los propios informes de Codelco, 15.694 empleados directos percibieron un salario bruto mensual promedio de aproximadamente 5,99 millones de pesos chilenos (6.300 dólares) en 2025–26, mientras que en Escondida, de BHP, se afirma que 2.376 trabajadores del Sindicato N.º 1 ganan un promedio de entre 5,5 y 6,5 millones de pesos chilenos al mes.

Estos promedios ocultan la verdadera diferenciación interna. En el extremo superior de la categoría de empleados directos se encuentran los profesionales y los mandos intermedios—ingenieros de minas, geólogos, planificadores de producción y jefes de área—que ganan entre 8 y 14 millones de CLP brutos al mes.

En el nivel intermedio se encuentran los técnicos especializados y los oficios, como electricistas, trabajadores electromecánicos y controladores de procesos, quienes ganan entre 2.3 y 3.9 millones de pesos chilenos brutos al mes, mientras que los oficios con experiencia y los supervisores de turno pueden llegar a ganar entre 4 y 6 millones de pesos chilenos.

En la base de los empleados directos de nivel inicial de Codelco se encuentran los operadores y trabajadores de servicios, quienes ganan aproximadamente entre 1,8 y 2,2 millones de pesos chilenos brutos al mes, con bonificaciones adicionales por turnos nocturnos, rotación, zona y producción que pueden elevar el salario neto efectivo por encima de ese mínimo.

Luego están los trabajadores subcontratados. Las propias cifras de Codelco indican que hay 61.000 trabajadores subcontratados, lo que representa una proporción de casi 4:1. Estos trabajadores ganan entre 1,1 millones y 1,7 millones de CLP brutos mensuales (1.160–1.790 dólares). En las transnacionales privadas, como Antofagasta Minerals, de Luksic, donde los trabajadores subcontratados representan cerca del 80 por ciento de la fuerza laboral, el salario mínimo “ético” era de 630.000 de CLP brutos mensuales en 2024, una cifra tan baja que, como señaló un trabajador subcontratado, apenas alcanza para pagar el alquiler en Calama o Antofagasta.

Los seis hombres que murieron en El Teniente el 31 de julio de 2025 eran todos trabajadores subcontratados. Eran el estrato desechable de la fuerza laboral, los que eran enviados a los sectores más peligrosos, aquellos cuyas muertes no generarían bonificaciones para los empleados directos, aquellos por quienes los sindicatos no detienen la producción. Esta es la estructura de clases de la industria del cobre chilena y de la sociedad en general.

El gobierno de Kast ha utilizado las crisis acumuladas de la era Boric como la acusación definitiva contra la gestión estatal de Codelco, preparando el terreno ideológico para la privatización de lo que queda de la industria estatal del cobre de Chile. La narrativa ya se está armando: Codelco, bajo gestión estatal, ocultó datos de seguridad, provocó la muerte de trabajadores e infló sus cifras de producción. La solución, según el argumento, es incorporar una gestión “profesional”, capital privado y disciplina de mercado.

La FTC y la CTC, por su parte, han respondido a esta amenaza exactamente como los intermediarios de clase media que están a punto de perder su existencia privilegiada: se han movilizado en defensa de Codelco como empresa estatal, han emitido declaraciones de que “Codelco no está en venta” y han amenazado con “salir a la calle” contra la privatización.

El desastre de El Teniente fue causado por la presión implacable para recortar costos, subcontratar mano de obra y maximizar la producción, inherente al modo de producción capitalista, una presión que opera independientemente de que el propietario sea una empresa estatal o un accionista privado. El régimen de subcontratación que puso en peligro a seis trabajadores subcontratados es el mismo que prevalece en Escondida, de BHP; en Los Bronces, de Anglo American; en Los Pelambres, de Antofagasta Minerals; y en todas las demás minas de Chile y del mundo. La falsificación de los informes de seguridad y la inflación de las cifras de producción no son patologías exclusivas de Codelco; son la expresión lógica de un sistema en el que la búsqueda de ganancias prevalece sobre cualquier otra consideración, incluida la vida humana.

Tampoco consiste la solución en cambiar a un grupo de gerentes capitalistas por otro. El programa de privatización del gobierno de Kast no hará que las minas sean más seguras. Intensificará la explotación, profundizará la subcontratación y acelerará la extracción, ya que el capital privado, que debe rendir cuentas ante los accionistas y las exigencias del mercado mundial del cobre, está aún menos limitado que el Estado en su trato a la mano de obra.

Tampoco se puede encontrar la respuesta en el aparato sindical existente. La FTC, la CTC y la CUT han demostrado, a lo largo de décadas, que su función no es liderar a la clase trabajadora en la lucha contra el capital, sino reprimir esa lucha dividiendo a la clase trabajadora. El Partido Comunista, que ejerce una influencia decisiva sobre estas organizaciones, ha sido una fuerza contrarrevolucionaria desde la década de 1930, cuando adoptó la teoría de las “dos etapas” de Stalin y subordinó a la clase trabajadora a la llamada “burguesía nacional progresista”. Los resultados de esa política quedaron escritos con sangre por las fuerzas de Pinochet en 1973.

Lo que se requiere es la construcción de comités independientes de base que rompan con la burocracia sindical y unan a los empleados directos y a los trabajadores contratados en una lucha común. Poner fin a esa división es la condición previa para cualquier lucha seria por la seguridad, por los salarios y por la transformación de la industria minera.

La clase trabajadora debe desarrollar su propio partido político, basado en un programa socialista, que luche por la expropiación de los bancos y las grandes corporaciones, por poner las minas bajo el control democrático de los propios trabajadores y por integrar la minería chilena en una economía planificada, organizada para satisfacer las necesidades humanas en lugar de generar ganancias privadas. La unidad internacional de la clase trabajadora—más allá de las divisiones entre contratistas y empleados directos, entre chilenos y extranjeros, más allá de las fronteras que separan a los mineros chilenos de sus hermanos y hermanas en Perú, en Bolivia y en todos los países cuya riqueza es extraída por el capital transnacional—es la única fuerza capaz de garantizar que ningún otro trabajador quede sepultado en vida en la búsqueda del cobre.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de agosto de 2026)