Mientras la élite gobernante de Francia se prepara para el regreso a la actividad política tras el receso de verano y para la campaña presidencial de 2027, el gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu está preparando nuevos ataques sociales contra los trabajadores. Los recortes a las pensiones de Macron en 2023 provocaron el rechazo de una abrumadora mayoría de la población francesa y la mayor ola de huelgas en Francia desde la huelga general de mayo de 1968. Sin embargo, el gobierno sigue adelante, pisoteando la democracia, hacia un nuevo enfrentamiento con la clase trabajadora.
Según fuentes cercanas a Lecornu, el Ministerio de Finanzas propone romper la indexación de las pensiones a la inflación. Esto permitiría al Estado congelar las pensiones, cuyo poder adquisitivo se desplomaría a medida que aumentaran la inflación y los precios. Esto abre el camino al empobrecimiento masivo de los jubilados: si la inflación se mantuviera en un 6 por ciento durante una década, por ejemplo, el valor de las pensiones congeladas se reduciría en más del 43 por ciento.
Solo en 2027, incluso una desindexación parcial de las pensiones reduciría el gasto entre 6 y 12 mil millones de euros, según estimaciones oficiales. «De hecho, tendremos que debatir sobre la indexación automática indiferenciada», declaró el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, a Sud Radio. El ministro de Economía, Roland Lescure, afirmó: «Vamos a analizar este tema de la indexación a la inflación, porque, de hecho, creo que es una forma eficaz, diría yo, de lograr ahorros».
Para detener los ataques dirigidos contra la clase trabajadora es necesario emprender una lucha directa contra la oligarquía capitalista y contra la guerra. Pero librar esa lucha requiere extraer las lecciones de la última gran lucha contra los recortes a las pensiones. Los trabajadores no pueden dejar el control de estas luchas en manos de los aparatos sindicales y de los partidos del Nuevo Frente Popular (NFP), que sofocaron la última lucha contra los recortes a las pensiones.
El estado catastrófico de las finanzas públicas francesas, al que las élites gobernantes están respondiendo recortando drásticamente los derechos sociales de la población francesa, se debe en gran parte al colapso de la recaudación fiscal sobre los oligarcas capitalistas y al aumento astronómico del gasto militar. Las pensiones, la educación y los hospitales públicos —junto con otros servicios sociales básicos— no pueden preservarse sin detener el militarismo y atacar directamente la riqueza de los multimillonarios.
Macron se ha jactado de haber duplicado el gasto militar durante su presidencia, de 36 mil millones a más de 70 mil millones de euros. También ha aumentado la deuda soberana de Francia en 1 billón de euros hasta alcanzar los 3,5 billones, lo que eleva la carga anual del pago de la deuda a 58 mil millones de euros. Esto significa que el gasto militar más el servicio de la deuda equivalen casi al déficit presupuestario anual del Estado francés de 152 mil millones de euros (el 5 por ciento del PIB francés).
Macron ha triplicado la riqueza de los multimillonarios franceses por sí solo, la cual ha crecido un 255 por ciento durante su presidencia hasta alcanzar los 1,23 billones de euros. Estas fortunas no se basan en el crecimiento industrial, sino en las fluctuaciones del mercado de valores impulsadas por los rescates bancarios que el Estado y el Banco Central Europeo otorgan regularmente a los superricos. Sin embargo, es esta oligarquía parasitaria la que domina no solo la economía, sino también la política belicista, los medios de comunicación, la represión policial y el aparato estatal en su conjunto.
La indexación de las pensiones, primero a los salarios y luego a la inflación, fue un logro conseguido gracias a las luchas de los trabajadores en la Resistencia y en la liberación del régimen fascista al final de la Segunda Guerra Mundial. Establecida en 1948, esta indexación dependía, sin embargo, de una situación en la que la tributación de las grandes fortunas no tenía comparación con la actual.
Para quienes perciben los ingresos más altos, la tributación se situaba en el 60 por ciento después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien oficialmente esta tasa se fija hoy en el 45 por ciento, es de conocimiento público que los oligarcas pueden eludir en gran medida el pago de impuestos. Así, según diversos estudios, el oligarca Bernard Arnault pagaría un 18, un 15 o incluso un 9 por ciento de impuestos sobre los pocos cientos de millones de euros de ingresos que declara a las autoridades fiscales, mientras que su riqueza aumenta en miles de millones, incluso decenas de miles de millones de euros, cada año.
Si bien las cifras francesas son especialmente desastrosas, no difieren fundamentalmente de las de la mayoría de los demás grandes Estados europeos. A medida que todos los Estados europeos se comprometen a más que duplicar su gasto militar para llevarlo al 5 por ciento del PIB y librar una guerra contra Rusia, sus deudas están alcanzando niveles astronómicos. La deuda soberana en Francia se sitúa en el 118 por ciento del PIB, en Italia en el 139 por ciento, en España en el 102 por ciento, en Bélgica en el 109 por ciento y en el Reino Unido en el 104 por ciento.
La insostenibilidad de la deuda y del financiamiento de los Estados europeos en su conjunto da testimonio de una crisis mortal del capitalismo internacional. El presidente del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, ha respondido con repetidas declaraciones en las que insta a los partidos burgueses a tomar medidas radicales para recortar el gasto social.
“Estamos en más del 110 por ciento de deuda pública”, afirmó. “Es una bomba de tiempo en potencia que estamos dejando a las generaciones futuras. Y aún antes de hablar de las generaciones futuras, nos está costando cada vez más”.
“Todas las agencias [de calificación] están alarmadas por la inestabilidad política” de Francia, declaró, argumentando que el Estado “no está amenazado por la quiebra, sino por una asfixia gradual”. De hecho, si los mercados financieros especularan en contra de la deuda francesa y elevaran las tasas de interés que paga el Estado, esto elevaría automáticamente también otras tasas de interés en Francia. Esto daría lugar, agregó, a «préstamos más caros para los hogares, créditos hipotecarios y empresas».
En realidad, Francia y Europa están atravesando su mayor crisis financiera desde las guerras mundiales del siglo XX. Al observar la crisis fiscal del Estado capitalista francés, es imposible no compararla con la de la monarquía antes de la Revolución de 1789, cuando la sociedad estaba controlada por otra aristocracia parasitaria e ilegítima.
Para defender los derechos sociales y detener la militarización y la guerra, los trabajadores tendrán que emprender una vez más el camino de la revolución. Pero para hacerlo, hay que extraer todas las lecciones de la lucha contra la reforma de las pensiones de 2023. Las direcciones sindicales y las del NFP de Jean-Luc Mélenchon apoyaron inicialmente el movimiento, de palabra, antes de dar marcha atrás ante el estallido de la lucha de clases y las manifestaciones contra la imposición de la reforma de Macron sin votación. Acabaron de plano con el movimiento, sofocando la oposición de la clase trabajadora.
Según cuenta la leyenda, cuando el rey Luis XVI preguntó a sus cortesanos en 1789 si Francia estaba viviendo una revuelta, le respondieron: «No, Señor, es una revolución». Ante una situación objetivamente revolucionaria, los cortesanos de Macron en el NFP dijeron: “No, Señor, esto es diálogo social”. Diversas organizaciones pequeñoburguesas se dedicaron a sembrar ilusiones sobre una democratización del aparato estatal y un “plan de batalla” de huelga mediante el cual las direcciones sindicales supuestamente harían entrar en razón a Macron. No ocurrió nada por el estilo.
Es imposible salvar la democracia y los derechos sociales bajo el sistema capitalista. Hay que enfrentar las lecciones de la historia de frente. En 1945, mientras los trabajadores de toda Europa se levantaban contra la opresión fascista y formaban milicias obreras y comités de huelga, las fuerzas estalinistas, socialdemócratas y burguesas del Consejo Nacional de la Resistencia (CNR) prometieron un nuevo régimen capitalista. Bajo este régimen, los derechos sociales garantizados irían de la mano con «la expulsión de las grandes feudalidades económicas y financieras de la dirección de la economía».
Esa promesa fue falsa. Hoy en día, las feudalidades económicas dominan la economía, están sumiendo al mundo nuevamente en la guerra y están empobreciendo a la clase trabajadora. La alternativa es el programa defendido por la Cuarta Internacional en las luchas de resistencia obrera de la década de 1940. Los trabajadores deben organizarse una vez más desde abajo y luchar por el poder y por una revolución socialista internacional, con la formación de los Estados Unidos Socialistas de Europa.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de agosto de 2026)