Bolivia está en medio de una erupción social masiva, a cuatro semanas de la huelga general indefinida declarada por la Central Obrera Boliviana (COB). Mineros, maestros, campesinos, trabajadores fabriles y comunidades indígenas protagonizaron la manifestación más masiva del conflicto el 18 de mayo en La Paz. Fue enfrentada con 2.500 policías y 1.000 militares desplegados en operaciones iniciadas antes del amanecer.

Al menos cuatro manifestantes fueron asesinados y 127 detenidos ese día, y se emitieron órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y otros 24 dirigentes sindicales por cargos de terrorismo. La represión no quebró el movimiento. Al 21 de mayo, la Administradora Boliviana de Carreteras registraba 46 bloqueos activos concentrados en los accesos estratégicos a La Paz y El Alto.

El 20 de mayo, el presidente Rodrigo Paz compareció ante la prensa por primera vez en casi una semana y descartó categóricamente su renuncia: “Estaré cinco años para reordenar el país.” Anunció un reordenamiento de gabinete y un nuevo “Consejo Económico Social” como supuesta plataforma de diálogo. Al 22 de mayo, ni la composición ni la fecha de instalación del Consejo habían sido hechas públicas, y la COB ha condicionado cualquier diálogo a la previa retirada de todas las órdenes de aprehensión.

Bolivia no enfrenta una crisis nacional aislada. El programa que se impone contra su clase trabajadora —la eliminación de subsidios a los combustibles, la privatización de recursos naturales, la desregulación de la tierra agraria, la escalada de la violencia estatal— es el mismo programa que se impone en toda América Latina bajo la dirección del imperialismo estadounidense y el capital financiero internacional.

El levantamiento de los trabajadores y los bolivianos pobres es la expresión más aguda de una respuesta de masas que comienza a tomar forma contra la ofensiva política encabezada por Donald Trump y sus aliados fascistas en la región.

La administración Trump, que ve en la amenaza de los trabajadores bolivianos de derrocar a Paz y sus políticas derechistas toda su estrategia hemisférica en juego, respondió con desesperación y brutalidad.

El 20 de mayo de 2026, mientras las fuerzas estatales asesinaban manifestantes en La Paz y El Alto, el secretario de Estado Marco Rubio publicó en X: “Que no quepa duda: Estados Unidos apoya sin reservas al gobierno constitucional legítimo de Bolivia.” Añadió que Washington “no permitirá que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

El trabajo político previo a esa caracterización había sido tendido un día antes, el 19 de mayo, en la asamblea anual del Consejo de las Américas en Washington, donde el subsecretario de Estado Christopher Landau declaró: “Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región”.

Landau afirmó haber ordenado directamente “a los mandatarios de Brasil y Colombia que respalden al presidente Rodrigo Paz”.

“La gran divisoria se establece entre los países que tienen instituciones capaces de enfrentar al crimen organizado y los que son cómplices de él”, declaró.

El cinismo de la invocación por parte de Rubio y Landau de la defensa de la “democracia” y el “orden constitucional” en América Latina es abrumador.

Lo proclama la misma administración que invadió Venezuela y secuestró a su presidente en ejercicio; que deliberadamente somete a los 11 millones de habitantes de Cuba al hambre con el objetivo de derrocar a su gobierno; que ha intervenido directamente en elecciones recientes en Argentina y Honduras; y que ha buscado revertir el procesamiento de Jair Bolsonaro y los líderes militares brasileños por su intento de golpe de Estado fascista de 2022-2023.

No es simplemente la supervivencia política de Paz, y mucho menos el gobierno “democrático”, lo que Washington defiende cuando respalda a su gobierno frente a los trabajadores bolivianos.

El Decreto Supremo 5503 de Paz, que desencadenó el levantamiento masivo, fue la implementación de condiciones dictadas por el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya anunciada expansión veinte veces mayor de su cartera privada en Bolivia deja en claro quiénes son los beneficiarios.

La arquitectura intelectual de este programa tiene una fuente específica: el Harvard Growth Lab, parte de la Harvard Kennedy School, que comenzó a elaborar un “Plan integral de reforma económica para Bolivia” en enero de 2025, cuando Paz era todavía un candidato. Economistas bolivianos describieron el informe como la provisión de “la base técnica del programa de estabilización del gobierno.”

Una investigación del 13 de mayo de eju.tv planteó el panorama regional con crudeza: “Bolivia, Argentina y Honduras comparten la misma consultora y el mismo programa económico.”

El gobierno fascista de Javier Milei, que aplica ese programa en Argentina, no solo es un modelo para Paz, sino que es un participante activo en su imposición en Bolivia.

El 15 de mayo, Paz agradeció públicamente a Milei el envío de un avión de carga Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina con 12 toneladas de pollo congelado a las ciudades bloqueadas, presentado como “ayuda humanitaria.” El exembajador argentino en Bolivia Ariel Basteiro advirtió, sin embargo, en una entrevista radial del 17 de mayo que Argentina estaba enviando armamento al gobierno de Paz. Paz lo desmiente, pero existe un precedente histórico para esos envíos.

En julio de 2021, el fiscal federal argentino Claudio Navas Rial imputó formalmente al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad por contrabando agravado de armamento al régimen golpista de Jeanine Áñez en Bolivia en noviembre de 2019 —específicamente, 40.000 cartuchos y granadas de gas lacrimógeno desplegados para reprimir las protestas contra el golpe. Un tribunal boliviano condenó posteriormente a la canciller de Áñez a tres años de prisión por facilitar su ingreso ilegal.

El recientemente expuesto escándalo del “Hondurasgate” revela el significado político de la intervención de Milei. Grabaciones de audio filtradas dieron a conocer una conspiración transnacional respaldada por Estados Unidos —que involucra al narco indultado y expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, liberado por Trump tras haber sido sentenciado a 45 años de prisión por tráfico de cocaína— para construir “células de información”, financiar la desinformación y coordinar una ofensiva regional para erradicar “el cáncer de la izquierda.”

Las respuestas regionales a la crisis boliviana han puesto al descubierto no solo la absoluta criminalidad del imperialismo estadounidense y sus representantes fascistas, sino también la completa podredumbre y complicidad de los denominados regímenes burgueses “progresistas.”

Frente a este muro de coordinación imperialista, el presidente colombiano Gustavo Petro se erigió como la única voz disidente de un jefe de Estado latinoamericano: “Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica.” Ofreció la mediación de su gobierno —”si es invitado”— para buscar “fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”, y reclamó que no haya “presos políticos en ninguna parte de las Américas.” El gobierno de Paz rechazó la oferta como “injerencia en asuntos internos” y el 20 de mayo expulsó formalmente a la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo.

El silencio del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es de un orden enteramente diferente y de consecuencias mucho mayores.

Brasil es el mayor comprador de gas boliviano y su socio comercial más importante —una relación formalizada tan recientemente como el 16 de marzo de 2026, cuando Paz realizó una visita de Estado al Palácio do Planalto y Lula declaró que “Brasil tiene interés en aumentar la producción de gas en Bolivia e incrementar el volumen de importaciones.” Mientras los trabajadores bolivianos enfrentaban balas y cargos de terrorismo, Lula no dijo nada. No condenó los asesinatos. No denunció las órdenes de aprehensión contra 25 dirigentes sindicales. No rechazó las acusaciones de “golpe” del funcionario del Departamento de Estado que Landau exigió explícitamente que él respaldara.

Ese silencio debe leerse junto con los eventos de las últimas semanas. El 7 de mayo, Lula viajó a la Casa Blanca para una reunión con Trump que el WSWS caracterizó como un encubrimiento de los crímenes imperialistas de la administración estadounidense: descartó Venezuela, Cuba y la invasión de Irán como “asuntos que no son brasileños”, ofreció ayudar a Washington a gestionar la situación de Cuba, y anunció que las vastas reservas de tierras raras de Brasil estaban abiertas a cualquier comprador imperialista.

Dos eventos simultáneos materializaron el significado político de esa visita. Mientras Lula era fotografiado con Trump en Washington, el portaaviones nuclear USS Nimitz entró en la bahía de Guanabara en Río de Janeiro, encabezando un grupo de combate de la Marina de Estados Unidos que realizó ejercicios conjuntos con fragatas, corvetas y un submarino brasileños —ejercicios que Brasil había suspendido en 2025 en el punto álgido de sus tensiones diplomáticas con el régimen Trump. Como escribió O Estado de São Paulo: “es innegable que la reanudación de los ejercicios conjuntos es una señal clara del estado actual de las relaciones entre los dos gobiernos.”

Luego, el 18 de mayo —el día más violento de las protestas en La Paz—, CNN Brasil informó que el ministro de Defensa José Múcio Monteiro se preparaba para viajar a Buenos Aires a presentar al gobierno de Milei el catálogo completo de la Base Industrial de Defensa brasileña: misiles, cohetes, bombas y, explícitamente, “armas menos letales” —la categoría precisa que se está desplegando contra los manifestantes bolivianos y la categoría precisa que Basteiro alega que Argentina ha estado suministrando a Paz. El Ministerio de Defensa de Lula lo describió como “una visita de negocios con tono diplomático.” El gobierno brasileño “progresista” ofrece armar, a través de canales comerciales regulares, al gobierno fascista que organiza la violenta represión de la clase trabajadora no solo en Argentina, sino en toda América Latina como representante del imperialismo estadounidense.

Lo que la respuesta internacional al levantamiento boliviano revela no es una serie de posiciones nacionales desconectadas, sino los componentes interconectados de un único aparato —intelectual, financiero, político, operacional y militar-diplomático— activado en el momento en que los trabajadores de El Alto y La Paz amenazaron con derrocar al gobierno.

La respuesta a una ofensiva del capital coordinada internacionalmente solo puede ser una ofensiva de la clase trabajadora coordinada internacionalmente: en las minas, las escuelas y los barrios bolivianos, en Argentina, Brasil y Colombia, y en los propios Estados Unidos, donde la misma oligarquía que impone la austeridad y la represión en el exterior está desmantelando cada conquista social y democrática ganada por los trabajadores en el país.

Esa lucha unificada exige romper con toda facción de la burguesía —incluidas aquellas que ofrecen mediación— y construir, sobre los fundamentos del Comité Internacional de la Cuarta Internacional y la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB), la dirección política independiente que la clase trabajadora necesita y que este momento crítico exige.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de mayo de 2026)