En la campaña electoral más derechista desde el retorno del régimen civil hace 35 años, las elecciones generales celebradas el pasado domingo fortalecieron a las agrupaciones de extrema derecha, populistas y fascistoides en el Congreso, que ahora controlarán 90 de los 155 escaños de la Cámara de Diputados.

Unidad por Chile, la coalición gobernante que incluye a los democratacristianos que apoyaron el golpe de 1973, el Frente Amplio de Gabriel Boric, el Partido Comunista estalinista y los partidos Socialista-PPD, Radical, Liberal y Humanista perdió 11 escaños. En el Senado, la coalición oficialista ganó un escaño sumando 20, tres menos que los 23 que ahora posee la derecha.

En la contienda presidencial, Jeannette Jara, miembro del Partido Comunista y candidata de Unidad por Chile, fue la favorita en la primera vuelta con el 26,9 por ciento de los votos, insuficiente para una victoria directa. Su principal rival, José Antonio Kast del Partido Republicano fascistoide, obtuvo un 23,9 por ciento.

El país se encamina ahora a una segunda vuelta programada para el domingo 14 de diciembre. Johannes Kaiser, un libertario fascista con el 13,9 por ciento de los votos, y Evelyn Matthei de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), con el 12,5 por ciento, ya han declarado su apoyo a Kast, hijo de un oficial nazi alemán que escapó a Chile por la llamada “línea de ratas” tras la Segunda Guerra Mundial y colaboró con la represión de la dictadura de Pinochet.

Otro aspirante presidencial, Franco Parisi, economista defensor del libre mercado y líder del populista Partido de la Gente, quedó cerca, en tercer lugar, con el 19,7 por ciento de los votos.

Todos los candidatos, desde Kast y Kaiser hasta el maoísta Eduardo Artés y la estalinista Jara, centraron sus campañas en apelaciones xenófobas antiinmigrantes, combinadas con promesas de aplicar “mano dura contra el crimen”, prometiendo inundar de recursos al aparato asesino de los Carabineros, los servicios de inteligencia y el aparato estatal.

Todos los aspirantes presidenciales hicieron énfasis en este discurso en las regiones mineras del norte, que no han recibido asistencia gubernamental, financiamiento, recursos ni infraestructura alguna para hacer frente al flujo de refugiados e inmigrantes procedentes de Venezuela y otros países de América Latina. El Servicio Nacional de Migraciones estima que 336.984 inmigrantes indocumentados e irregulares ingresaron a Chile en los últimos diez años.

En una tragedia moderna, siete millones de personas huyeron de Venezuela a partir de 2015, tras las sanciones económicas devastadoras impuestas por el gobierno de Obama y profundizadas por las dos siguientes administraciones estadounidenses, las cuales sumieron a la gran mayoría de la población del país suramericano en la miseria. Con las puertas cerradas de Estados Unidos, los venezolanos desesperados se desviaron hacia países vecinos como Colombia (2,85 millones), Perú (1,54 millones), Brasil (648.200), Ecuador (444.800) y Chile (532.700).

El éxodo venezolano se intensificó con el estallido de la pandemia del COVID-19, cuando la clase obrera internacional fue obligada a pagar el costo del colapso del comercio internacional. La economía mundial, estancada desde la crisis financiera de 2008, cayó en una profunda recesión que provocó niveles de inflación no vistos desde los años 90 y encareció los bienes esenciales en medio de un desempleo de dos dígitos.

La clase dominante chilena quedó sumida en una profunda crisis de gobernabilidad a fines de 2019, cuando una oposición persistente y generalizada al capitalismo, al Estado y a la casta política civil llevó a millones a las calles en Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta y todas las ciudades del país. El levantamiento masivo, que incluyó tres huelgas generales y las movilizaciones más grandes en la historia del país, desafió abiertamente el estado de emergencia impuesto por el entonces presidente Sebastián Piñera, el cual dejó 36 muertos, cientos de mutilados y miles de detenidos y torturados en operativos masivos.

La clase dominante dependió fuertemente de los sindicatos corporativistas, el Partido Comunista estalinista y el Frente Amplio oportunista para desorientar y desviar el sentimiento anticapitalista hacia llamados a reemplazar la constitución autoritaria impuesta por el general Augusto Pinochet tras el golpe militar respaldado por Estados Unidos en 1973.

Desde 2019, los medios empresariales de derecha saturaron el espacio mediático con escenarios apocalípticos de ciudades sitiadas por el crimen y un país inmerso en una crisis extrema de seguridad. Asociaron explícitamente esta “crisis” con la lucha por los derechos democráticos y sociales, difamando las movilizaciones masivas como un estallido de criminalidad.

Las huelgas estudiantiles y las tomas de colegios en protesta por infraestructura deteriorada y falta de recursos pasaron a ser calificadas de delincuencia, mientras que las barriadas levantados por inmigrantes desesperados y personas sin hogar en terrenos ocupados fueron acusados de estar infestados por el narcotráfico y bandas criminales. El objetivo deliberado de esta ofensiva mediática respaldada por la derecha fue cultivar, entre los sectores más atrasados de la población, demandas xenófobas para expulsar a los migrantes e imponer un régimen de represión criminal.

Piñera solo pudo avanzar con esa agenda gracias a que el Partido Comunista estalinista, junto con el Frente Amplio de Boric, trabajaron sin descanso para sofocar la incipiente situación revolucionaria de 2019 con promesas cínicas de reformas sociales si alcanzaban el poder. La “izquierda” chilena también promovió el mito del proceso parlamentario y del “cambio por medio del voto”, una vil mentira especialmente para la juventud, los enfermos, los ancianos, los migrantes y las comunidades indígenas, que representan a los sectores más vulnerables y oprimidos de la clase obrera.

Durante la campaña de 2025, todos los candidatos prometieron actuar contra la inmigración “ilegal”. Los fascistas y populistas, más hábiles en el uso del discurso codificado y envalentonados por el desmantelamiento de la Constitución estadounidense por parte del presidente de ese país mientras toda la oligarquía avanza hacia la dictadura, no escatimaron recursos.

En un debate televisado, Parisi prometió colocar minas terrestres en la zona fronteriza tripartita entre Chile, Bolivia y Perú. Kaiser propuso detener a todos los inmigrantes indocumentados, incluidos niños, en campamentos de tránsito antes de su expulsión. También prometió enviar a “extranjeros ilegales con antecedentes penales” al infame megapenal de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras que Matthei propuso tipificar como delito la entrada irregular a Chile y “cerrar la frontera” en un año utilizando satélites, drones y una nueva fuerza policial fronteriza.

No queriendo quedarse atrás, el programa “Escudo Fronterizo” de Kast propone construir muros de cinco metros de altura, cercas electrificadas y fosos de tres metros de profundidad a lo largo de la frontera, además de incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas. En abril de 2024, Kast visitó El Salvador, donde se reunió con el presidente fascista Nayib Bukele y realizó una visita “técnica” por el CECOT con el objetivo de implementar algo similar en Chile.

Kast también ha encontrado inspiración en Trump y los fascistas europeos, reuniéndose con afines ideológicos en España, Italia y Hungría en mayo de 2024 y participando en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Budapest. Allí parafraseó a Trump afirmando que “cientos de miles de inmigrantes ilegales ingresaron clandestinamente a Chile. Y nunca se fueron. Entre ellos había criminales, sicarios, miembros de pandillas internacionales, violadores y abusadores”.

Y continuó: “Vamos a cerrar nuestras fronteras. Vamos a construir centros de detención. Vamos a aplicar medidas duras para que no puedan trabajar, para que no sigan recibiendo subsidios, para que no puedan enviar dinero al extranjero”.

Los fascistas prometen cometer crímenes de lesa humanidad; el gobierno pseudoizquierdista los ha ejecutado. Más de 4.350 inmigrantes indocumentados fueron expulsados por el Servicio Nacional de Migraciones, creado en 2021 por el difunto presidente multimillonario Piñera y ampliamente utilizado durante la administración de Boric. Solo en 2024, se expulsaron 1.100 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, mientras otros 12.130 recibieron órdenes de expulsión.

El gobierno de Boric también está desalojando por la fuerza a decenas de miles de familias que viven en chabolas, muchas de ellas inmigrantes, tras la promulgación de la “Ley de Usurpaciones” en noviembre de 2023.

La misma ley, diseñada para proteger con fuerza letal la propiedad privada de inmobiliarias, latifundistas, y sectores como la minería y la forestación, está siendo utilizada contra el pueblo indígena mapuche que reclama tierras ancestrales. Casi desde el inicio de su mandato, Boric declaró estado de emergencia en las regiones de Biobío y La Araucanía—territorios históricamente mapuches—imponiendo una virtual ley marcial y utilizando la autoritaria Ley de Seguridad del Estado contra dirigentes indígenas.

Boric también ha aprobado un conjunto de leyes represivas que supera en dureza a todo lo promulgado en los últimos 35 años de régimen civil, incluyendo una ley que unifica varias agencias de inteligencia y amplía sus poderes de espionaje, una ley antiterrorista reconfigurada, medidas que protegen retroactivamente a agentes estatales que usen fuerza letal y otra legislación que ordena a las Fuerzas Armadas proteger infraestructura “crítica” pública y privada.

En el último debate televisado del 11 de noviembre, se preguntó a los candidatos presidenciales si apoyarían una invasión estadounidense a Venezuela. Todos los candidatos de derecha dijeron que sí, con entusiasmo. Jara dijo: “No podría estar más en desacuerdo con el régimen de Maduro, pero el derecho internacional debe respetarse, y no estoy a favor de avalar una invasión armada a otro país hermano”.

Jara, en forma típicamente estalinista, mintió. Su cómplice Boric se convirtió en el perro de ataque del presidente Joe Biden en Sudamérica, hablando en todos los foros internacionales en defensa de la política exterior estadounidense y atacando a Venezuela, Cuba y Nicaragua como regímenes autoritarios para congraciarse con el imperialismo estadounidense. Sus servicios contribuyeron a su manera en el intento de la administración Trump de reafirmar el control hegemónico de Washington sobre el hemisferio.

Dictaduras de tipo Estado policial están siendo edificadas internacionalmente en línea con la marcha hacia la guerra en el exterior y contra la clase obrera en el interior. Ninguno más que “Washington, que se ve impulsado a buscar mediante la violencia criminal soluciones a los problemas insolubles enraizados en las contradicciones del capitalismo estadounidense y global. Hay una apariencia de locura en los objetivos bélicos del imperialismo estadounidense en América Latina. No puede revertir el ascenso de China como principal socio comercial de Suramérica con bombas y misiles, a menos que sea a través de una guerra mundial total. Pero eso, junto con el impulso hacia la dictadura fascista, es el camino por el que está transitando”, escribió el WSWS el 13 de noviembre.

Los gobiernos de la “marea rosa” en América Latina, que en un período anterior se hacían pasar por una alternativa al así llamado “neoliberalismo”, hoy están colaborando con los preparativos de la administración Trump para invadir Venezuela. Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro, que representa los intereses de sectores de la burguesía venezolana y el capital extranjero, es incapaz de realizar ningún verdadero llamamiento antiimperialista a la clase obrera y a las masas oprimidas de Venezuela y del continente.

La clase obrera debe intervenir con una perspectiva internacionalista, que rechace los vapores venenosos del nacionalismo xenófobo y antiinmigrante promovido tanto por la derecha como por la supuesta “izquierda”.

La orientación nacionalista defendida por todos los partidos que participan en las elecciones de 2025 tiene como objetivo dividir mortalmente a la clase obrera sobre diferencias totalmente secundarias e irrelevantes como el lugar de nacimiento, la etnia, el género, la orientación sexual o el color de piel, en tanto preparan la intensificación de una contrarrevolución social. El único enemigo objetivamente real de la clase obrera es la burguesía, sus partidos burgueses y pequeño burgueses, y sus servidores en el Estado capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de noviembre de 2025)