Rodrigo Paz Pereira asumirá la presidencia de Bolivia este sábado 8 de noviembre tras ganar la segunda vuelta electoral celebrada el 19 de octubre. Su investidura pone fin a dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

En la segunda vuelta, Paz Pereira, candidato demócrata cristiano, obtuvo el 54,96 por ciento de los votos frente al 45,04 por ciento de su rival y también derechista Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre. El candidato del MAS, Eduardo del Castillo, recibió un humillante 3,2 por ciento en la primera vuelta, mientras que el partido solo logró un escaño en la Asamblea Legislativa.

La votación representó una derrota aplastante para el MAS, partido considerado durante años en círculos pseudoizquierdistas como una punta de lanza de la “Marea Rosa” y el “socialismo del siglo XXI”, consigna lanzada originalmente por el venezolano Hugo Chávez y luego adoptada por el líder del MAS, Evo Morales.

Pese a su retórica y su nombre, el MAS nunca aplicó políticas auténticamente socialistas, sino que allanó el camino para el regreso de la derecha al poder al mantener intacto el Estado capitalista, su aparato represivo y al defender los intereses lucrativos de la oligarquía local y del capital extranjero a costa de la clase trabajadora y las masas oprimidas.

Paz Pereira ganó las elecciones apelando en gran medida a capas que anteriormente votaban por el MAS como “el mal menor”. Su campaña se basó en frases demagógicas como “capitalismo para todos” y promesas de apoyo a las pequeñas empresas y al amplio sector informal. Afirmó que no firmaría un acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como pretendía su rival Quiroga, y que mantendría programas mínimos de asistencia social, como transferencias de efectivo a las capas más pobres del país, que sigue siendo el segundo más empobrecido de Sudamérica.

Es probable que estas promesas se abandonen rápidamente. La semana previa a su investidura, Paz Pereira y sus asesores volaron a Washington para reunirse con funcionarios de la administración Trump y de las principales instituciones financieras internacionales.

Uno de los primeros actos del nuevo gobierno será restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El gobierno del MAS encabezado por Morales rompió estos lazos en 2008, expulsando al embajador estadounidense junto con la DEA y USAID, acusándolos de instigar un golpe de Estado contra su administración.

El Departamento de Estado estadounidense fue uno de los primeros en felicitar a Paz Pereira por su victoria. Washington se declaró “listo para ser socio de Bolivia”, apostando claramente a que las elecciones impulsaran su agenda neocolonial en América Latina. El secretario de Estado Marco Rubio calificó los resultados como “una oportunidad transformadora para ambas naciones”.

La transformación que busca Washington consiste en amarrar a Bolivia al carro de guerra del imperialismo estadounidense mientras se prepara para atacar a Venezuela, utilizando préstamos y deuda para imponer una agenda económica neoliberal, y romper los lazos económicos y diplomáticos del país con China y Rusia.

En particular, la administración Trump tiene los ojos puestos en los recursos de litio bolivianos —los mayores depósitos del planeta— fundamentales para las baterías de vehículos eléctricos, un recurso que también desea China.

Paz Pereira ha llamado a romper con las “ideologías”, entendido por amplios sectores como el inicio de campañas de privatización y de “ajuste estructural” que incrementarán el desempleo y transferirán la riqueza desde abajo hacia arriba.

El carácter derechista y proimperialista del gobierno entrante ya quedó en evidencia con la liberación, días antes de la investidura, de Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia de forma no electa en 2019 tras un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que derrocó a Evo Morales, y encabezó una campaña de represión violenta.

El vicepresidente entrante, Edmand Lara, pidió al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia de 10 años de prisión contra Áñez y una amnistía general para militares y policías destituidos o procesados por participar en el golpe y la represión posterior, declarando que ellos “solo cumplieron con su deber”.

Descendiente de la dinastía política más prominente de Bolivia, Paz Pereira hizo campaña, increíblemente, como “una persona ajena”, apoyándose fuertemente en el populismo de derechas de su compañero de fórmula Lara, un exoficial de policía y evangélico.

En realidad, Paz Pereira es, por su origen y experiencia, un representante consciente de la burguesía boliviana, cuyo tío abuelo y padre también fueron presidentes del país. Su tío abuelo, Víctor Paz Estenssoro, asumió la presidencia por primera vez en 1952 tras una revolución protagonizada por mineros armados. Al incorporar a la principal central sindical, la COB, a su gobierno, Paz Estenssoro se encargó de reconstruir el Estado capitalista y su aparato represivo.

Su éxito fue producto, en última instancia, de la ausencia de una dirección revolucionaria en la clase obrera, producto de la perspectiva revisionista pablista entonces dominante dentro del POR (Partido Obrero Revolucionario), organización trotskista boliviana, que se adaptó al nacionalismo pequeñoburgués del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) liderado por Paz Estenssoro.

Esa perspectiva restringió el papel del POR a intentar presionar al gobierno del MNR hacia la izquierda, en lugar de desenmascarar ante la clase obrera la incapacidad orgánica de dicho gobierno burgués para completar la revolución democrática y luchar consecuentemente contra el imperialismo, y luchar por un programa de lucha revolucionaria de clases por el socialismo.

Esta tragedia de la clase obrera boliviana se repitió en 1971 con un sangriento golpe de Estado encabezado por el entonces coronel Hugo Banzer, con el apoyo del MNR de Paz Estenssoro. Su sobrino nieto, Paz Pereira, formó parte del gobierno de Banzer tras su retorno al poder por vía electoral en 1997.

Con un gobierno ultraderechista y proimperialista listo para asumir el poder, el MAS anunció el jueves la expulsión de su presidente, Luis Arce, exministro de Economía de Morales, quien había ganado las elecciones de 2020 impulsado por una ola de ira popular contra el régimen golpista de Áñez. En un intento burdo de deslindarse del desastre que ellos mismos crearon, el MAS acusó a Arce de no seguir las recomendaciones del partido para abordar la prolongada crisis económica del país, e insinuó el desvío de fondos partidarios.

Pero la desintegración del MAS y su repudio por parte de la clase obrera boliviana y las masas oprimidas no se deben simplemente a errores individuales o al mal gobierno del presidente saliente. Son el resultado inevitable de toda la trayectoria no solo del MAS, sino de toda la llamada “Marea Rosa” que emergió en América Latina a principios del siglo XXI.

Al igual que gobiernos similares en la región —de Chávez/Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, Lula en Brasil y otros—, el MAS utilizó una retórica seudosocialista, antiimperialista e indigenista para encubrir una política de defensa de la propiedad capitalista y de gobernar en favor de la burguesía nacional e internacional. En Bolivia, como en otros países, el gobierno aprovechó el auge de los commodities de principios de los 2000, impulsado por el crecimiento de China, para aplicar programas limitados de asistencia social que no transformaron las relaciones de clase ni alteraron esencialmente el carácter de Bolivia como uno de los países más desiguales del planeta.

El ascenso del MAS en Bolivia, fundado por Evo Morales —líder de una organización representante de los cocaleros—, se dio tras las grandes rebeliones conocidas como la “guerra del agua” y la “guerra del gas”, en las que trabajadores y campesinos oprimidos combatieron contra gobiernos oligárquicos que intentaban privatizar y vender recursos básicos.

El rol del MAS fue desviar esta rebelión masiva hacia los estrechos márgenes de la política burguesa y formas limitadas de reformismo nacional. Tras arrasar en las elecciones de 2005, Morales y el MAS aprovecharon el alza de precios del gas y los minerales para financiar programas de asistencia directa a niños, ancianos y madres, reduciendo la pobreza en un 40 por ciento.

En 2006, el gobierno anunció la “nacionalización” del gas, su principal fuente de exportaciones. En la práctica, la producción quedó en manos de gigantes transnacionales como Petrobras (Brasil), Repsol YPF (España-Argentina), Total (Francia), British Gas y British Petroleum (Reino Unido), y Exxon Mobil (EE.UU.). Estas compañías operaban en “sociedades mixtas” con la estatal YPFB, accediendo a pagar más impuestos al Estado sin dejar de obtener generosas ganancias.

Con el colapso del auge de las materias primas en 2014, la producción de gas se redujo a la mitad y los ingresos por exportaciones de hidrocarburos se desplomaron.

El carácter de clase del gobierno del MAS quedó cada vez más al descubierto. Aliado con la oligarquía agroindustrial boliviana, mantuvo el control sobre las burocracias sindicales y los movimientos sociales mediante cooptación y favores, e incrementó la represión estatal abierta para garantizar la estabilidad capitalista. Las huelgas y protestas eran calificadas como “saboteo económico” y denunciadas por “fortalecer a la derecha”.

Mientras tanto, la alegada representación de los pueblos indígenas oprimidos, consagrada en la Constitución de 2009 que proclamaba a Bolivia como “Estado plurinacional”, fue quedando en entredicho al reprimir el gobierno protestas indígenas contra proyectos extractivistas promovidos con capital extranjero.

El respaldo político al MAS se deterioró aún más después de que Morales convocara un referéndum en 2016 para eliminar los límites a la reelección. Tras la derrota del referéndum, utilizó tribunales afines al MAS para anular los resultados y postularse de nuevo en 2019, antes de que el golpe lo forzara al exilio.

Bajo Arce, el MAS profundizó las medidas de austeridad, aplicando en esencia las recetas del Fondo Monetario Internacional. Atacó al régimen golpista de Áñez desde la derecha durante la pandemia de COVID-19, acusándolo de haber priorizado la “salud sobre la economía”. El levantamiento de las medidas preventivas por el gobierno de Arce contribuyó a que Bolivia tuviera una de las tasas más altas de muertes por COVID en las Américas.

En la antesala de las elecciones, Bolivia atravesó múltiples crisis con la inflación acercándose al 16 por ciento, la deuda pública alcanzando el 84 por ciento del PIB y una escasez de combustible que provocó largas colas en las gasolineras.

El naufragio del proyecto nacionalista pequeñoburgués del MAS dio lugar a una encarnizada lucha interna entre Arce y Morales, sin diferencias programáticas reales, sino por quién ocuparía el palacio presidencial. Impedido de presentarse, Morales llamó a sus seguidores a anular sus votos en la primera vuelta de las elecciones de 2025. Reflejando el rechazo generalizado hacia todos los partidos, la abstención y los votos nulos sumaron un 36 por ciento en la primera vuelta, superando el apoyo a cualquier candidato individual.

La clase obrera de Bolivia y de toda América Latina debe sacar las duras lecciones del desastre del MAS y de cómo abrió el camino al regreso de la derecha al poder. La lucha contra el imperialismo y la opresión solo puede librarse sobre la base de la movilización política independiente de la clase trabajadora, ofreciendo una dirección revolucionaria a las masas de campesinos oprimidos y pueblos originarios.

Este movimiento debe emanciparse de toda tendencia burguesa, incluidas sus alas “izquierdistas”, y armarse con un programa socialista e internacionalista, unificando a los trabajadores de América Latina con la clase obrera de Estados Unidos e internacionalmente, en la lucha por acabar con el capitalismo. Esto exige la construcción de una nueva dirección revolucionaria, es decir, secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, el movimiento trotskista mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de noviembre de 2025)