El miércoles, el Gobierno de Estados Unidos envió una carta a la Secretaría de Seguridad del estado de Río de Janeiro felicitándola por la bárbara masacre policial de 117 civiles perpetrada hace una semana.

“Es con profundo pesar que expresamos nuestras más sinceras condolencias por la trágica pérdida de los cuatro agentes de policía que cayeron en cumplimiento del deber durante la reciente Operación Contención en el Complexo do Alemão”, afirma la carta firmada por la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) de la administración de Donald Trump.

Estas afirmaciones repiten la declaración criminal del fascistoide gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro (Partido Liberal – PL), un día después de la operación policial más letal de la historia brasileña: “Ayer, las únicas víctimas fueron los policías”.

Los imperialistas en Washington concluyeron su homenaje al “incansable trabajo de las fuerzas de seguridad del estado” afirmando su “disposición a brindar cualquier apoyo que sea necesario”.

La carta, que desafió provocativamente la postura del Gobierno federal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT), representa una nueva intervención del imperialismo estadounidense en los asuntos internos de Brasil.

El respaldo de Trump a los crímenes bárbaros cometidos por el gobierno de Castro fue un desafío abierto a la postura adoptada por Lula, quien el día anterior había criticado públicamente y cuestionado la legalidad de la operación policial asesina.

En su primera crítica pública a la masacre en Río de Janeiro, Lula declaró el martes que “la decisión judicial [que autorizaba la operación] era una orden de detención. No había una orden para una matanza masiva, y sin embargo la hubo”.

“La gente puede considerarlo un éxito, pero desde el punto de vista de la acción del Estado, creo que fue desastroso”, concluyó Lula.

Más que una provocación diplomática, la carta emitida el miércoles constituye una de varias indicaciones de la participación directa de Washington en la preparación de la masacre en Río de Janeiro y su utilización para intensificar una conspiración fascista en marcha en Brasil.

El lunes, el líder del PT en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, presentó un pedido de investigación contra el gobernador Cláudio Castro por filtrar informes confidenciales brasileños al Gobierno de Estados Unidos.

La denuncia señala que en mayo, Castro “realizó un viaje oficial a Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con representantes de la Agencia Antidrogas (DEA)” y “anunció públicamente la intención de establecer un acuerdo de cooperación… [con] la DEA, destinado a ‘fortalecer la lucha contra el narcotráfico y las facciones criminales’”.

En el contexto de su viaje a Estados Unidos:

Se informó que el gobernador envió un informe y una solicitud oficial al gobierno norteamericano para que clasificara al Comando Vermelho y otras facciones como “organizaciones narcoterroristas”, bajo el argumento de que tales grupos amenazan la seguridad internacional.

Castro y las autoridades policiales de Río de Janeiro han calificado repetidamente a las víctimas de la operación de la semana pasada como “narcoterroristas”. “Esta operación tiene muy poco que ver con la seguridad pública”, declaró el gobernador, añadiendo: “esto es una guerra”.

La operación fue conducida como un espectáculo político sangriento en medio de los esfuerzos de la oposición política oficial de Brasil—liderada por Castro y el Partido Liberal fascistoide del expresidente Jair Bolsonaro—por aprobar un proyecto de ley que expande la definición de terrorismo para incluir a organizaciones criminales comunes como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC).

El proyecto es una expansión de la reaccionaria “Ley Antiterrorista” aprobada en 2016 bajo el Gobierno del PT encabezado por la presidenta Dilma Rousseff. Fue introducido en el Congreso en marzo y acelerado en mayo, al mismo tiempo que Castro se encontraba de visita en Estados Unidos.

El 30 de octubre, dos días después de la operación policial, una delegación de gobernadores de ultraderecha viajó a Río de Janeiro con el declarado propósito de lanzar una iniciativa para la coordinación interestatal de operaciones represivas. Políticamente, la conferencia de gobernadores fue una plataforma para promover los esfuerzos de reclasificar al CV y al PCC como organizaciones terroristas.

Esta campaña está siendo impulsada en coordinación con fuerzas políticas fascistizantes no solo en Brasil, sino en toda América del Sur.

El 28 y 30 de octubre, respectivamente, Argentina y Paraguay declararon al CV y al PCC como organizaciones terroristas internacionales. Los Gobiernos de ambos países, que comparten frontera con el sur de Brasil, actúan como agentes de la agenda geopolítica de Trump en la región.

El 20 de octubre, el Gobierno del presidente fascista Javier Milei firmó un “acuerdo antiterrorista” y un “acuerdo de capacitación” con el FBI, con el objetivo de subordinar por completo el aparato represivo del Estado argentino al imperialismo estadounidense.

Por su parte, el gobierno paraguayo está movilizando fuerzas militares masivas en la triple frontera con Brasil y Argentina, donde el presidente Santiago Peña anunció su intención de crear un “centro antiterrorista” con agentes entrenados por el FBI.

La redefinición legal del concepto de “terrorismo” en Brasil obedece a la misma infame agenda geopolítica de la “Guerra contra el Narcoterrorismo”, que sirve de tapadera para una escalada imperialista masiva de agresión de Estados Unidos contra América Latina.

La designación del Gobierno de Nicolás Maduro como “narcoterrorista” fue el pretexto utilizado por Trump para promover una guerra por cambio de régimen contra Venezuela.

El portaaviones más grande de Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford, navega hacia el mar Caribe, donde ya están desplegados una armada naval y 10.000 marineros e infantes de marina. Mientras ataca diariamente pequeñas embarcaciones, asesinando a casi 70 civiles en las inmediaciones del país, Trump habla abiertamente de una invasión militar a Venezuela y de operaciones de la CIA para “decapitar” al Gobierno de Maduro.

Es posible que Estados Unidos no esté listo para invadir Brasil con “aviones F-35 y buques de guerra”, como propuso Eduardo Bolsonaro, ni para bombardear barcos pesqueros en la bahía de Guanabara, como defendió su hermano Flávio Bolsonaro. Pero la histeria sobre el “narcoterrorismo” promovida por los fascistas brasileños anuncia intervenciones sin precedentes por parte de Washington.

Esta narrativa apunta a establecer un estado de “guerra” de facto en el país para justificar la abolición de los derechos democráticos y la normalización de la violencia policial contra la clase trabajadora, como se evidenció en la reciente masacre en Río de Janeiro.

A través de la campaña contra el “narcoterrorismo”, las mismas fuerzas que promovieron el intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023 continúan su conspiración fascista y preparan activamente su segundo acto. La ofensiva dictatorial de Trump en Estados Unidos es tanto su inspiración como su base de apoyo político.

Las ominosas implicaciones de la reciente intervención de Washington en la situación de Río de Janeiro se vuelven aún más claras al considerar la profunda crisis del gobierno de Cláudio Castro, quien enfrenta un inminente riesgo de ser destituido del cargo.

Castro está siendo procesado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) por desviar 500 millones de reales (alrededor de 100 millones de dólares) para contratar 45.000 empleados irregulares durante las elecciones de 2022, con el objetivo evidente de “comprar” su reelección. El martes, la jueza ponente Isabel Gallotti votó por la destitución de Castro y del vicegobernador Rodrigo Bacellar, además de inhabilitarlos por ocho años para ejercer cargos públicos.

La incógnita que queda es: ¿cuál será la reacción de Trump ante una posible destitución de Castro?

En agosto, Trump declaró una emergencia nacional contra Brasil, imponiendo aranceles del 50 por ciento y sanciones drásticas contra autoridades brasileñas. Justificó las medidas acusando a Brasil de “abolir la democracia” por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro (del mismo partido que Castro), quien fue condenado a 27 años de prisión por su intento de golpe de Estado.

¿Será la eventual condena a Castro utilizada como pretexto para retomar agresivamente la intervención en la política brasileña de cara a las elecciones presidenciales de 2026?

Los peligros inmensos que enfrenta la clase trabajadora brasileña en la situación actual se agravan por la política criminal promovida por el gobierno de Lula y el PT.

El 26 de octubre, Lula se reunió con Donald Trump por primera vez durante una conferencia en Malasia. El presidente brasileño ofreció su colaboración en la persecución de los objetivos del imperialismo estadounidense en Venezuela y colmó de elogios al aspirante a führer de la Casa Blanca.

“Estoy convencido de que en unos días tendremos una solución definitiva entre Estados Unidos y Brasil”, declaró Lula poco después de la reunión. “Regreso a Brasil satisfecho y convencido de que todo saldrá bien para el pueblo brasileño”, añadió el presidente, que regresó al país momentos después de la masacre policial en Río de Janeiro.

“Ni los aranceles ni las provocaciones imperialistas cesaron con la reunión entre Lula y Trump el domingo”, escribió el WSWS en un artículo denunciando “los esfuerzos conscientes de Lula por desarmar a la clase trabajadora ante la creciente amenaza del fascismo y la agresión imperialista”.

Es urgente que la clase trabajadora brasileña rompa con el PT y sus aliados pseudoizquierdistas, y construya una dirección política independiente para luchar contra el imperialismo y el fascismo mediante los métodos de la revolución socialista internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de noviembre de 2025)