El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto una nueva serie de aranceles invocando la “seguridad nacional” sobre una amplia gama de productos que incluye medicamentos de marca con patente, camiones pesados, muebles, gabinetes de cocina y tocadores de baño.

A partir del 1 de octubre, se aplicará un arancel del 25 por ciento sobre los camiones pesados, un impuesto del 30 por ciento sobre los muebles tapizados y un arancel del 50 por ciento sobre los gabinetes de cocina y tocadores de baño.

El arancel sobre productos farmacéuticos, que no incluye medicamentos genéricos, será del 100 por ciento, aunque las compañías podrían obtener una exención si “están construyendo su planta de fabricación de fármacos en Estados Unidos”, según publicó Trump en redes sociales.

La publicación añadía que no se impondría ningún arancel si la construcción ya había comenzado.

El carácter personalizado de la toma de decisiones bajo el régimen de Trump quedó ilustrado por el hecho de que apenas 12 horas antes de este anuncio, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se encontraba en Malasia para negociaciones con funcionarios del sudeste asiático y dijo a la prensa que no había planes para nuevos aranceles.

Los nuevos aranceles, al igual que los impuestos a los automóviles, el acero y el aluminio, han sido impuestos bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la cual otorga al presidente el poder de imponer aranceles por motivos de “seguridad nacional” tras una investigación del Departamento de Comercio.

Los llamados “aranceles recíprocos”, que cubren a países enteros y oscilan entre el 10 y el 50 por ciento, han sido impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). La Corte Internacional de Comercio falló en mayo que Trump había excedido sus poderes al usar esta legislación, decisión que luego fue ratificada por un tribunal federal de apelaciones.

La administración Trump ha apelado ante la Corte Suprema, alegando que podría haber una gran crisis económica y financiera si se revocan los aranceles impuestos bajo la IEEPA.

Cuando los aranceles recíprocos se anunciaron por primera vez en abril, las afirmaciones de Trump de que traerían miles de millones de dólares a Estados Unidos rápidamente quedaron expuestas como un sinsentido económico, dado que los aranceles no los paga el exportador, sino la empresa importadora, que los absorbe o los transfiere al consumidor final—ya sean hogares o empresas.

Pero desde entonces ha quedado claro el verdadero significado de las afirmaciones de Trump. Los aranceles recíprocos son el arma clave de una enorme operación de extorsión internacional, más parecida a las prácticas mafiosas que a cualquier cosa vista antes en el comercio internacional.

El llamado acuerdo con Japón lo deja en evidencia. Bajo la amenaza de que se le impondría un arancel del 25 por ciento—lo que podría haber generado pérdidas de cientos de miles de millones de dólares para su industria automotriz—los negociadores japoneses aceptaron los términos de Trump.

A cambio de una reducción del arancel al 15 por ciento, Japón se comprometió a proveer 550.000 millones de dólares para ser invertidos en industrias estadounidenses seleccionadas por un comité compuesto exclusivamente por representantes de Estados Unidos, controlado en la práctica por Trump.

Si Japón decidía no avanzar con las inversiones, los aranceles volverían al nivel previo, o incluso podrían incrementarse.

En caso de que las inversiones financiadas por capital japonés comenzasen a generar ganancias después de recuperar los costos iniciales, el 90 por ciento de las utilidades irían a Estados Unidos y el 10 por ciento a Japón.

Estados Unidos está actualmente en “negociaciones”—otra operación de chantaje—con Corea del Sur. En este caso, la exigencia es que provea 350.000 millones de dólares siguiendo el modelo del acuerdo con Japón.

Cuando se dio a conocer el supuesto acuerdo a fines de julio, Trump escribió en redes sociales que Corea del Sur había aceptado “entregar a Estados Unidos 350.000 millones de dólares para inversiones propiedad y controladas por Estados Unidos, y seleccionadas por mí, como presidente”.

En una entrevista con el canal financiero CNBC a principios de este mes, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se refirió al acuerdo con Japón como la base para tratar con Corea del Sur.

“Los japoneses firmaron el contrato”, afirmó. “Los coreanos o aceptan el acuerdo o pagan los aranceles. Blanco o negro. Pagar los aranceles o aceptar el acuerdo”.

Una de las objeciones del lado surcoreano es que la estipulación de que el dinero sea entregado en dólares desestabilizaría su moneda, el won, en los mercados cambiarios internacionales. El won es más volátil que el yen japonés y las reservas de divisas extranjeras de Corea del Sur equivalen a apenas un tercio de las de Japón.

La situación se ha complicado aún más por el arresto y detención de trabajadores coreanos en una redada migratoria.

Como escribió Haeyoon Kim, fundadora y editora de Korea Tech and Trade Watch, en el Financial Times (FT) la semana pasada: “Tras ver cuán rápido un apretón de manos en una cumbre en Washington puede convertirse en esposas en una redada migratoria en Georgia, el sentimiento público en Seúl hacia el acuerdo muestra signos de endurecimiento”.

Una de las opciones que se discute es si a Corea del Sur le convendría más aceptar que se imponga el arancel y usar el dinero que Trump demanda para asistir a las empresas afectadas por dichos aranceles.

En Estados Unidos, también se están desmoronando las grandes mentiras con las que Trump promovió su guerra arancelaria contra el mundo, al prometer una “edad de oro” para la economía estadounidense. Los agricultores de soya están recogiendo sus cosechas y descubriendo que perdieron el mercado de China—una de las consecuencias de las represalias.

Como señaló un artículo reciente del FT: “Durante décadas, más de la mitad de la soya estadounidense se destinaba a China, el mayor comprador del mundo. Pero este año… ni una sola soya estadounidense ha partido hacia el este, dejando a los agricultores luchando por mantenerse a flote mientras los silos se llenan y los precios caen, mientras China recurre a suministros récord desde Brasil”. Un representante del sector en Minnesota declaró que los productores enfrentan un “exceso de soya” que podría ser “devastador”.

Se suponía que la industria manufacturera saldría beneficiada con los aranceles. Pero el sector ha perdido 78.000 empleos en lo que va de año, en gran parte debido al aumento de los costos inducido por los aranceles. Los datos del Departamento de Comercio muestran, por ejemplo, el impacto en el acero utilizado por muchas empresas del sector. El precio promedio del acero en EE. UU. es de 960 dólares por tonelada, comparado con un promedio global de 440 dólares.

Según el Departamento de Comercio, la participación del sector manufacturero en el PIB cayó a 9,4 por ciento en junio, en comparación con el 9,7 por ciento al final del año pasado.

Dos empresas fuertemente vinculadas a la industria automotriz, Tricolor y First Brands, colapsaron este mes, esta última con deudas estimadas de hasta 10.000 millones de dólares.

El Wall Street Journal informó la semana pasada que la industria automotriz estaba “encendiendo luces de advertencia” sobre el estado de la economía estadounidense, luego de que CarMax, el mayor vendedor de autos usados del país, anunciara que sus ventas y ganancias se desplomaron en el último trimestre, lo que provocó una caída del 20 por ciento en sus acciones.

En todos los sectores industriales, los ejecutivos están postergando decisiones de inversión o directamente cancelándolas, debido al aumento de costos y a la incertidumbre generada por las políticas de Trump. Como declaró un ejecutivo del sector de exploración y producción del shale en respuesta a una encuesta conducida por el Banco de la Reserva Federal de Dallas: “¡El ruido y el caos son ensordecedores! ¿Quién quiere tomar una decisión empresarial en este entorno tan inestable?”

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de septiembre de 2025)