El 25 de septiembre, el presidente Donald Trump emitió el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional N.º 7 (NSPM-7, por sus siglas en inglés): “Combatir el terrorismo doméstico y la violencia política organizada”. El NSPM-7 es un plan fascista para movilizar todo el aparato represivo del Estado estadounidense —el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Estado, el Tesoro y las fuerzas armadas— contra toda oposición política desde la izquierda.

El memorando comienza evocando el asesinato de Charlie Kirk y afirma que “individuos que adherían a la ideología del presunto atacante celebraron y aclamaron este malvado asesinato mientras promovían activamente más violencia política”.

Más de dos semanas después del asesinato de Kirk, no ha aparecido ninguna evidencia de que el homicida tuviera una ideología política definida, ni que hubiera sido miembro de algún grupo organizado, sea de izquierda o de derecha. No hay pruebas de que planeara el asesinato con otros, ni ha habido otras detenciones relacionadas con el ataque.

Con el objetivo de fabricar la imagen de una red unificada de terrorismo izquierdista dirigida centralmente, el NSPM-7 agrupa incidentes totalmente inconexos —protestas contra la policía, oposición al ICE, el asesinato del director general de United Healthcare Brian Thompson y los intentos de asesinato contra Trump y el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh— y los presenta como partes de una sola conspiración. Esta amalgama deliberada crea la ilusión de un vasto y organizado movimiento de “terrorismo doméstico” de izquierda, pese a que no existe ninguna prueba que conecte los hechos.

Como era de esperarse, el memorando guarda silencio sobre la violencia política de la derecha. No menciona el intento de golpe de Estado del 6 de enero, cuando Trump, con el respaldo de milicias fascistas, el Partido Republicano, amplios sectores del aparato policial-militar-de inteligencia y elementos de la Corte Suprema, intentó anular las elecciones de 2020 e instaurar una dictadura presidencial. Ignora la larga estela de asesinatos y ataques llevados a cabo por racistas, fanáticos religiosos y neonazis durante décadas, incluyendo el reciente asesinato de Melissa Hortman, presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, y su esposo Mark.

Tampoco menciona los constantes llamados a la violencia por parte del propio Trump y sus aliados políticos, incluyendo ocasiones en las que bromean sobre el ataque con un martillo a Paul Pelosi o llaman a deportar a políticos demócratas como la representante Ilhan Omar (D-Minnesota) y Zohran Mamdani. Ni una palabra sobre la adopción por parte del Partido Republicano de la retórica de la teoría del Gran Reemplazo, la cual ha inspirado tiroteos masivos en Estados Unidos e internacionalmente durante más de una década.

Este recuento selectivo no es un descuido. El mayor promotor de violencia política en el mundo y la mayor amenaza a los derechos democráticos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, es el propio gobierno estadounidense, encabezado por Trump, pero con el apoyo tanto del Partido Demócrata como del Republicano.

Y sin embargo, el NSPM-7 presenta el “antifascismo” y la oposición de izquierda al genocidio, las desapariciones forzadas y la violencia policial como la amenaza terrorista.

Aterrorizado ante el creciente apoyo al socialismo en Estados Unidos e internacionalmente, el NSPM-7 se lamenta de que los movimientos “antifascistas” “describen los principios fundacionales de Estados Unidos (por ejemplo, el respaldo a las fuerzas del orden y el control fronterizo) como ‘fascista’ para justificar y alentar actos de revolución violenta”.

La afirmación de que los “principios fundacionales” de Estados Unidos incluyen el respaldo a las fuerzas del orden y al control fronterizo es históricamente absurda. Los estadounidenses no tomaron las armas en la Revolución de 1776 por amor a la policía o en defensa de los guardias fronterizos. La policía moderna en Estados Unidos ni siquiera existía en esa época: los primeros departamentos policiales municipales surgieron solo en las décadas de 1830 y 1840, y fueron diseñados sobre todo para disciplinar a la clase obrera y sostener la esclavitud. El control fronterizo, asimismo, solo se institucionalizó con la creación de la Patrulla Fronteriza en 1924, en medio de una ola de restricciones migratorias xenófobas y racistas.

Al tratar retroactivamente al aparato coercitivo del Estado capitalista —la policía, el ICE, el control fronterizo— como elementos “fundacionales”, el memorando de Trump reescribe la historia para equiparar “América” con su maquinaria moderna de represión. En el marco fascista de Trump, oponerse a la brutalidad policial o a la persecución de inmigrantes equivale a cometer actos terroristas.

El memorando continúa:

Los hilos comunes que animan esta conducta violenta incluyen el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; el apoyo al derrocamiento del gobierno estadounidense; los extremismos en torno a la migración, la raza y el género; y la hostilidad hacia quienes sostienen puntos de vista tradicionales sobre la familia, la religión y la moral.

Esta definición abarcadora pone en la mira a cualquiera que rechace la ideología oficial de Trump y la derecha republicana. Quienes se oponen al capitalismo, cuestionan el nacionalismo, defienden a los inmigrantes, denuncian el racismo o luchan por la igualdad de género quedan clasificados como terroristas.

Al tratar las convicciones políticas como “hilos conductores” del terrorismo, el NSPM-7 proporciona una base pseudolegal para perseguir a personas y organizaciones por sus ideas políticas. Es un ataque directo contra la Primera Enmienda de la Constitución.

El memo ordena a los 56 Grupos de Trabajo Conjuntos sobre Terrorismo (JTTFs) “desarrollar e implementar una estrategia nacional integral” para investigar, procesar y desmantelar a individuos y organizaciones supuestamente comprometidos con la “violencia política”. Su alcance es amplio: incluye explícitamente a “financiadores, directivos, empleados de organizaciones, ciudadanos estadounidenses en el extranjero y ONG con vínculos estrechos con gobiernos extranjeros”.

Se ordena al Tesoro rastrear y desmantelar redes financieras, mientras que la fiscal general debe procesar todos los casos “en la mayor medida permitida por la ley”, y clasificar actividades como “campañas de doxing, swatting, disturbios, saqueos, desórdenes civiles” como formas de terrorismo.

El ICE, que actualmente está secuestrando y deportando a inmigrantes —incluidos ciudadanos estadounidenses— es presentado en el memorando como una de las víctimas principales de la supuesta violencia izquierdista. Hasta la fecha, ningún agente del ICE ha muerto en el cumplimiento de su deber. Este giro retórico invierte la realidad: la misma agencia que aterroriza a inmigrantes de la clase trabajadora es presentada como si estuviera bajo asedio, justificando más represión.

La Casa Blanca publicó una “ficha informativa” complementaria que eleva los “ataques contra agentes del ICE” y el acoso a multimillonarios como amenazas existenciales, a la vez que borra el golpe del 6 de enero y décadas de terrorismo fascista. Las omisiones son deliberadas. Como el Decreto del Incendio del Reichstag de 1933, el objetivo es transformar incidentes aislados en un pretexto para destruir derechos democráticos y perseguir a la oposición de izquierda.

El NSPM-7 sigue directamente a la orden ejecutiva firmada por Trump el 23 de septiembre que designa a “Antifa” como una “organización terrorista doméstica”. Tal como explicó el World Socialist Web Site en su momento:

La Casa Blanca de Trump ha dado ahora el paso sin precedentes de calificar a “Antifa”… como una organización terrorista doméstica. La orden no tiene ninguna base legal, pero proporciona el marco pseudo-legal para atacar a la oposición política de izquierda.

Juntas, la Orden Ejecutiva y el NSPM-7 constituyen una declaración de guerra contra la oposición antifascista. Criminalizan la disidencia, invierten la realidad de la violencia política en Estados Unidos y desatan la violencia del Estado contra la izquierda mientras protegen a las fuerzas fascistas alimentadas por el propio Trump.

En la conferencia de prensa del 25 de septiembre para anunciar el NSPM-7, Trump y sus asesores abandonaron cualquier pretensión de neutralidad.

El propio Trump declaró:

Estamos investigando a los financiadores de muchos de estos grupos… No se trata de manifestantes que hacen pancartas en su sótano al anochecer porque realmente creen en ello. Son anarquistas y agitadores, anarquistas y agitadores profesionales, financiados por gente rica, algunos de los cuales conozco.

Este lenguaje revive abiertamente el tropo macartista del “agitador externo” financiando las protestas. Stephen Miller calificó el día como “histórico”, afirmando:

Esta es la primera vez en la historia estadounidense que existe un esfuerzo de todo el gobierno para desmantelar el terrorismo izquierdista, para desmantelar a Antifa… Esto forma parte de una campaña organizada de terrorismo radical de izquierda. Está estructurada. Es sofisticada. Está bien financiada. Está bien planificada. No hay realmente nada parecido… Hay todo un sistema de organizaciones satélite que proporcionan dinero, recursos, armas.

El director del FBI, Kash Patel, reforzó esa narrativa, prometiendo “perseguirlos como los terroristas domésticos que son”, mientras que la fiscal general Pam Bondi se jactó de que “el presidente Trump ha levantado las restricciones a las fuerzas del orden” y JD Vance compartió anécdotas escabrosas sobre “personas encapuchadas pagadas” en Oregón. Trump coronó el evento mencionando a figuras conocidas—George Soros y el multimillonario de LinkedIn Reid Hoffman—como posibles financiadores de este supuesto “terrorismo”.

Al momento de redactar este artículo, ningún demócrata destacado, incluidos el senador Chuck Schumer, el senador Bernie Sanders, el expresidente Barack Obama, el representante Hakeem Jeffries o la representante Alexandria Ocasio-Cortez, ha dicho una sola palabra en redes sociales oponiéndose al NSPM-7. Su silencio no es casual. Refleja la colaboración de larga data del Partido Demócrata con Trump en los pilares centrales de su programa autoritario, sobre todo en lo que respecta a la represión migratoria y al fortalecimiento del aparato represivo del Estado.

En enero, la mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes se unieron a los republicanos para aprobar la reaccionaria Ley Laken Riley, que obliga a detener y deportar a inmigrantes sobre la base de simples acusaciones. En marzo, Schumer proporcionó personalmente los votos clave en el Senado para asegurar un paquete de financiación gubernamental que mantuvo operativa la maquinaria de deportación, incluso mientras Trump intensificaba sus redadas masivas. Lejos de constituir una oposición, el historial de los demócratas los muestra como facilitadores de la agenda fascista de Trump, asegurando que el Estado permanezca armado contra la clase trabajadora mientras se criminaliza la disidencia política.

La lección del NSPM-7, y del silencio de los demócratas ante la más reciente directiva fascista de Trump, es que la defensa de los derechos democráticos no puede dejarse en manos del Partido Demócrata. Este es el mismo partido que allanó el camino para el regreso de Trump al poder mediante sus propias políticas bélicas, su defensa de Wall Street, sus calumnias contra los manifestantes antiguerra y su negativa a movilizarse contra la extrema derecha.

La lucha contra la dictadura y la represión exige una ruptura política total con ambos partidos capitalistas. Requiere la movilización independiente de la clase obrera —la única fuerza social con el poder para paralizar la producción, poner fin a la guerra y desmantelar el aparato represivo del Estado capitalista. Solo a través de la organización consciente e internacional de la clase trabajadora se podrá acabar con la violencia estatal y garantizar los derechos democráticos de todos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de septiembre de 2025)