Líderes sindicales pusieron fin a una huelga indefinida de 14 días que involucraba a 60.000 trabajadores de EsSalud, el organismo público de salud del Perú, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El acuerdo incluye mejoras en las condiciones laborales, aumentos presupuestarios y cláusulas para la negociación colectiva, según La República. Sin embargo, el periódico e negocios Gestión destacó las preocupaciones planteadas durante las protestas, como la escasez de medicamentos, el equipo médico defectuoso y la infraestructura deficiente, que no se están abordando adecuadamente.

El lenguaje empleado promete medidas anticorrupción. Aun así, carece de fundamento, lo que genera dudas sobre la credibilidad del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y de los partidos políticos de derecha, especialmente Alianza Para el Progreso (APP), que la apoya en el Congreso, en cuanto al cumplimiento del acuerdo firmado.

Desde que comenzó la huelga el 9 de septiembre, médicos, enfermeras y técnicos han denunciado la corrupción imperante en la administración de EsSalud. Cabe destacar que, sin consultar a los afiliados, el acuerdo omitió el importante llamado a la renuncia del presidente de EsSalud, Segundo Acho, considerado una exigencia 'no negociable' para poner fin a la huelga. En medio de acusaciones de mala gestión y corrupción, Acho ha enfrentado críticas por su falta de cualificación y sus vínculos con César Acuña, multimillonario populista de derecha y líder fundador de APP.

Informes recientes indican que el ministro de Salud, César Vásquez, también miembro de APP y subordinado a Acuña, otorgó lucrativos contratos de construcción de hospitales a empresas que parecen ser meras fachadas. Los representantes sindicales también han acusado a Segundo Acho de nombrar a funcionarios sin experiencia relevante en el sector salud y de favorecer a personas por sus vínculos con APP. Acuña había luchado previamente contra la regulación estatal de las universidades privadas y ahora tiene en la mira al sector salud.

Durante la huelga, los líderes sindicales expresaron su preocupación por la posible privatización de ciertos servicios vinculados a la corrupción en la gestión. Los huelguistas exigieron medidas contra los acuerdos problemáticos con empresas privadas, que totalizan más de 4 mil millones de soles (aproximadamente US$1.150 millones), pero el acuerdo con el MTPE deja esta demanda sin respuesta.

El fin de la huelga trae alivio a decenas de miles de afiliados de EsSalud cuyas citas médicas, incluidas cirugías, se retrasaron. Los líderes sindicales habían enfatizado la lucha por mejores servicios para los 13 millones de afiliados del sistema público de salud, pero este tema crítico recibe poca atención en el acuerdo firmado.

La huelga de EsSalud y el resurgimiento de la lucha de clases en Perú

La huelga de EsSalud forma parte de un resurgimiento de la lucha de clases en Perú, particularmente entre los trabajadores del sector público, quienes exigen el cumplimiento de las promesas realizadas. Además, estudiantes universitarios han iniciado protestas callejeras, que han resultado en enfrentamientos con la policía, contra la recientemente aprobada Ley N.° 32123, que obliga a los estudiantes mayores de 18 años a afiliarse y contribuir a un sistema de pensiones. Muchos estudiantes, que ya no pueden cubrir sus gastos debido a la crisis económica actual, se oponen a esta orden.

La mayoría de los 13 millones de peruanos atendidos por EsSalud pertenecen a las clases trabajadora y media, tanto profesionales como no profesionales, que dependen de EsSalud para la atención médica de sus familias. En contraste, las familias más adineradas tienden a optar por seguros médicos privados más caros.

EsSalud se ha convertido en un blanco importante para políticos y empresarios corruptos que buscan enriquecerse. Con un financiamiento anual de aproximadamente 17.477 millones de soles (aproximadamente US$5.000 millones) proveniente de las contribuciones de sus afiliados, muchos explotan el sistema desviando estos fondos a contratos privados en lugar de invertir en el equipo médico necesario.

El origen de la reciente huelga se remonta a las acciones de gobiernos actuales y anteriores que defienden los principios neoliberales de la Constitución de 1993, impuesta tras el golpe de Estado del entonces presidente Alberto Fujimori en abril de 1992. La Constitución de Fujimori fue diseñada para favorecer al capital nacional e internacional al establecer una economía de libre mercado, sin proporcionar financiación adecuada a instituciones como EsSalud. También promovió la privatización y limitó la negociación colectiva.

Si bien Fujimori afirmó respetar los derechos laborales, la Constitución introdujo el concepto de 'flexibilidad laboral', lo que condujo a la subcontratación laboral y a una fuerza laboral fragmentada. Actualmente, alrededor de 7 millones de trabajadores informales de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) ganan un salario promedio que apenas alcanza el 76 por ciento de la Remuneración Mínimo Vital (1.130 soles mensuales, US$3.875 anuales), lo cual apenas les alcanza para sobrevivir. ¿Por qué es esto importante? Las luchas recientes están exigiendo negociaciones colectivas, lo que podría entrar en conflicto con la Constitución de 1993. Para la clase dominante, la Constitución de Fujimori es la piedra angular de la economía. Cualquier intento de modificarla detonaría una feroz guerra de clases.

Enfrentamientos con la policía

Durante el paro de 14 días, se produjeron enfrentamientos entre la policía y trabajadores de EsSalud en la avenida Salaverry, frente a los Ministerios de Trabajo y de Salud (Minsa). La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los trabajadores que rompieron las barricadas y se reportaron múltiples arrestos.

El paro 'indefinido' vio a otros empleados públicos y trabajadores de la Municipalidad de Lima marchar para expresar sus demandas, lo que pone de relieve la creciente lucha contra el Estado burgués.

• Ha aumentado el conflicto en torno a un convenio colectivo para 9.500 trabajadores, firmado a principios de 2025 tras la mediación del Ministerio de Trabajo y Fentramip. La implementación de una nueva escala salarial para los trabajadores del Ministerio Público se ha pospuesto desde marzo.
• El 16 de septiembre, decenas de miles de trabajadores del CAS (Contrato de Servicios Administrativos, un régimen laboral estatal para trabajadores contratados en el sector público) ocuparon la Avenida Abancay, exigiendo la negociación colectiva. Un manifestante declaró: 'El Estado está abusando de los trabajadores municipales. Necesitamos materiales para realizar nuestro trabajo eficazmente'. El trabajador enfatizó la necesidad de unidad entre los trabajadores globales.

• Los trabajadores de la salud del Minsa también exigen beneficios. Con más de 18,000 afiliados y planes para 23,000 empleados del CAS para 2026, tanto el Minsa como EsSalud enfrentan mala gestión y escasez de personal. Las protestas están vinculadas a acuerdos previos de 2018 sobre bonificaciones y reevaluación del personal administrativo.

Los líderes sindicales temían una escalada en la lucha de clases

La dirección sindical desmanteló la huelga al hacerse evidente que su continuación conduciría a una confrontación con el estado burgués. El Ministerio de Trabajo declaró la huelga ilegal, advirtiendo sobre posibles despidos para quienes no se reincorporasen al trabajo. Aunque los servicios de emergencia estaban operativos, conseguir citas se volvió cada vez más difícil, lo que generó ansiedad pública.

El gobierno dictatorial de la presidenta Dina Boluarte manifestó su intención de aprovechar los retrasos en la atención médica como pretexto para declarar el estado de emergencia y desplegar al ejército contra el personal sanitario, silenciando sus demandas de acabar con la corrupción y el robo en EsSalud.

El gobierno de Boluarte, junto con sus aliados corruptos en el Congreso, intentó culpar e intimidar a los huelguistas. El índice de desaprobación de Boluarte supera el 80 por ciento en todas las regiones de país. Conocida como 'Dina Asesina', su orden de disparar a los manifestantes al asumir el poder en diciembre de 2022 —tras un golpe de Estado apoyado por la CIA contra el presidente electo democráticamente, Pedro Castillo— resultó en 49 muertes, entre ellas ocho jóvenes.

El levantamiento de la huelga del personal sanitario de EsSalud coincidió con el discurso de Boluarte en la Asamblea General de la ONU, donde sus comentarios hicieron eco a las opiniones reaccionarias del presidente fascista estadounidense Donald Trump. Afirmó la estabilidad de su gobierno, al tiempo que defendió la amnistía recientemente aprobada para militares que cometieron violaciones masivas de derechos humanos durante la guerra sucia en Perú.

El alineamiento de Boluarte con Trump señala una escalada de los ataques contra la clase trabajadora. Durante el último año, las organizaciones de transporte público organizaron 10 paros de un día con éxito contra la inseguridad ciudadana causada por las mafias extorsionadoras. Estas acciones revelaron una creciente militancia entre trabajadores, campesinos y jóvenes para luchar contra el odiado régimen de Boluarte. Su principal demanda fue la derogación de la Ley 32108, que protege a estas entidades corruptas y a sus aliados políticos, pero el Congreso ignoró sus llamados.

El creciente movimiento de huelgas y protestas solo puede avanzar sobre la base de un programa socialista para derrocar el dominio de la burguesía peruana y sus socios extranjeros en la minería, el petróleo, la agroindustria y la infraestructura. Los paralelismos entre la perspectiva de Boluarte y la de Trump demuestran que la lucha que enfrenta la clase trabajadora es global. Las huelgas de EsSalud y del transporte público son pasos importantes para unir a la clase trabajadora peruana y forjar la unidad con la clase trabajadora internacional para enfrentar al enemigo común: el capitalismo en crisis.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de septiembre de 2025)