A pesar de los crecientes signos de una desaceleración económica, no hay indicios de una ralentización similar en el matadero industrial de Estados Unidos. Casi seis meses después de la muerte de Ronald Adams Sr. en el complejo de motores Stellantis Dundee en el sureste de Michigan, se han registrado cientos de muertes más en centros de trabajo en todo el país.

Es difícil obtener cifras completas debido a la falta de monitoreo gubernamental y a los informes de prensa dispersos, pero en promedio más de 100 trabajadores mueren en el trabajo cada semana. Esto sucede incluso cuando el gobierno de Trump está impulsando recortes drásticos a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de supervisar la seguridad laboral.

A continuación, una lista parcial de muertes laborales ocurridas en EE.UU. desde comienzos del mes:

3 de septiembre, Trussville, Alabama: Edgar Earl Davis IV, de 29 años, murió por traumatismo contundente mientras realizaba mantenimiento dentro de una mezcladora de cemento.

3 de septiembre, Lancaster, Pennsylvania: Apolinar Méndez Heredia, de 63 años, murió tras quedar atrapado en una máquina en una planta procesadora de tabaco.

4 de septiembre, Erie, Pennsylvania: Lyell Cook, de 44 años, murió cuando su montacargas cayó de un muelle de carga.

5 de septiembre, Fort Ann, Nueva York: Peter McCabe, de 62 años, murió cuando su minicargador se deslizó hacia un estanque mientras paisajaba.

8 de septiembre, condado de Andrews, Texas: James Hathcox, de 48 años, murió en una explosión de bomba en un campo petrolero.

8 de septiembre, Sacramento, California: Ashkan Moghaddam, de 37 años, contratista de Costco, murió en un tanque subterráneo de gas mientras realizaba labores de limpieza.

8 de septiembre, Tempe, Arizona: Trevor Lee, de 29 años, técnico HVAC, murió electrocutado mientras trabajaba en un techo.

9 de septiembre, Rockford, Michigan: Un podador de árboles de 43 años murió a causa de heridas en la cabeza tras ser arrastrado por una pluma remolcable.

11 de septiembre, Wilton Manors, Florida: Un techador de 23 años murió al caer de cinco pisos.

11 de septiembre, Egan, Dakota del Sur: Austin John Otto, de 26 años, murió cuando explotó una tubería mientras trataba de liberar presión.

12 de septiembre, condado de Pulaski, Arkansas: Toby Cole, de 62 años, murió al caer de una torre.

12 de septiembre, Bessemer, Pennsylvania: Dorsey Brown Holt Jr., de 70 años, murió por lesiones contundentes en una empresa de fundición y tuberías.

13 de septiembre, Georgetown, Kentucky: Richard Thurman, de 35 años, contratista, murió mientras realizaba mantenimiento en una máquina industrial de cigüeñal.

14 de septiembre, Sanford, Michigan: Eduardo Aguilar, de 30 años, murió tras caer de un camión mientras colocaba conos para la construcción de carreteras.

15 de septiembre, Valle del Hudson, Nueva York: Salomón “Salo” Pop Chub murió tras un accidente en una planta procesadora de carne que le causó una importante hemorragia.

16 de septiembre, Hillman, Michigan: Un manipulador de madera de 64 años murió tras recibir un golpe en la cabeza por una pieza expulsada de una máquina.

17 de septiembre, Milwaukee, Wisconsin: Robert Chereone, de 45 años, murió triturado por una máquina robótica en una fábrica de pizzas congeladas.

19 de septiembre, municipio de Sherman, Michigan: Un trabajador de 49 años murió triturado por una podadora de césped volcada.

21 de septiembre, Hugo, Oklahoma: Ryan Easley, cuidador de animales, fue asesinado por un tigre.

Las muertes continúan en todas las regiones y estados, afectando a trabajadores jóvenes y mayores, nacidos en EE.UU. e inmigrantes. Aunque las tasas de lesiones, enfermedades y muertes en el trabajo han disminuido desde la creación de OSHA en 1971, todavía se registran más de 5.000 muertes laborales anualmente. Algunos estudios estiman que las muertes por enfermedades ocupacionales, debido a una exposición crónica a productos químicos y otras toxinas, podrían ser hasta 20 veces la cifra oficial.

Los ataques impulsados por Trump contra OSHA van de la mano con amplias iniciativas de desregulación que erosionarán aún más las ya limitadas protecciones para millones de trabajadores. Las propuestas incluyen reducir drásticamente el presupuesto de la agencia, eliminar los requisitos de registro de casos de COVID-19, abandonar normas de seguridad largamente prometidas y socavar la interpretación de OSHA de la “Clausula Deber General”, su principal herramienta para abordar peligros no cubiertos explícitamente por las reglas existentes.

Los poderes de supervisión y cumplimiento de OSHA siempre han sido extremadamente limitados. La agencia ha estado crónicamente subfinanciada y con poco personal. En las últimas décadas, tanto gobiernos demócratas como republicanos profundizaron estos recortes.

Muy a menudo, el papel de OSHA no ha sido denunciar los peligros de seguridad, sino encubrir la negligencia de la gerencia, frecuentemente en colaboración con diversas burocracias sindicales corporativas. Un ejemplo claro fue la muerte del trabajador calificado de oficios industriales de Stellantis Dundee Engine, Ronald Adams Sr., quien fue triturado el 7 de abril mientras realizaba mantenimiento, cuando un polipasto se activó repentinamente en el espacio cerrado donde trabajaba. Desde su muerte, ni Stellantis, ni el sindicato United Auto Workers, ni la OSHA estatal de Michigan han revelado información sobre el incidente.

El ataque de Trump contra OSHA no es producto de mera incompetencia burocrática, sino una política de clase deliberada dictada por la élite empresarial y financiera. Durante décadas, gobiernos demócratas y republicanos han despojado a OSHA de recursos, dejando a la agencia con menos inspectores que casi en cualquier otro momento desde su fundación en 1971.

Actualmente, incluso si las empresas son citadas por violaciones graves de seguridad que derivan en muerte, las multas máximas que OSHA puede imponer son ínfimas, insignificantes en relación con las ganancias de las grandes corporaciones.

Incluso la supervisión limitada otorgada por OSHA, que solo fue establecida en 1971 después de importantes luchas de mineros del carbón y otros sectores obreros, fue ferozmente rechazada por los grandes empresarios, quienes siempre han visto la aplicación de normas de seguridad como una intromisión intolerable en su “derecho” de obtener ganancias.

Ahora, bajo la presión de los lobbies empresariales que exigen el fin de lo que llaman “regulaciones gravosas”, el gobierno de Trump se prepara para despojar a la agencia incluso de su capacidad mínima de hacer cumplir la legislación laboral.

Toda nueva reglamentación se ha suspendido tras la orden ejecutiva de Trump “Desatar la Prosperidad mediante la Desregulación”, que exige la derogación de 10 regulaciones por cada una nueva publicada. Incluso reglas propuestas que estaban casi completas, como el reglamento “Prevención de lesiones y enfermedades por calor”, están siendo descartadas.

El ataque más radical se centra en una nueva reinterpretación propuesta por OSHA del “Clausula de Deber General”, la Sección 5(a)(1) del Acta de Seguridad y Salud Ocupacional, que establece: “Cada empleador deberá proporcionar a sus empleados un empleo y un lugar de empleo libre de peligros reconocidos que estén causando o puedan causar la muerte o daños físicos graves”.

Es en base a este principio que se han promulgado todas las normas de OSHA. Expertos en salud y seguridad, en consulta con la industria y gremios, han desarrollado normas extensas que cubren a los sectores e industrias más comunes. En ausencia de una norma específica, esta cláusula ha servido como base legal clave para citar a empleadores que exponen a sus trabajadores a peligros reconocidos pero no regulados, como el calor extremo, el estrés ergonómico, el resguardo de robótica o patógenos como el COVID-19.

La propuesta de limitar la cláusula surge de la opinión disidente del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh en 2014 cuando este aún era juez en la Corte de Apelaciones del Circuito de DC. Kavanaugh sostuvo que dicha cláusula no autoriza a OSHA a regular peligros derivados de actividades normales que son “intrínsecas” a ocupaciones profesionales, atléticas o de entretenimiento.

La actual dirección de OSHA, bajo la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, ha respaldado el argumento de Kavanaugh y propuesto que “la cláusula del deber general no autoriza a OSHA a prohibir, restringir o penalizar actividades inherentemente riesgosas que son fundamentales para ocupaciones profesionales, deportivas o de entretenimiento”.

Cabe recordar que el nombramiento de Chavez-DeRemer por parte de Trump fue respaldado por varios sindicatos importantes, incluidos los Teamsters.

El concepto de “inherentemente riesgoso” contradice los principios de seguridad. Existen peligros asociados con casi todas las actividades humanas. Es responsabilidad del empleador evaluar estos peligros en su lugar de trabajo y proteger a los empleados conforme a la “Jerarquía de Controles”.

Aunque el caso de 2014, SeaWorld of Florida, LLC contra Perez, trató sobre la exposición a orcas, los trabajadores no deben suponer por un segundo que estos cambios limitarán el cumplimiento sólo a interacciones con animales salvajes o eventos deportivos. Especialmente a la luz del fallo de la Corte Suprema de 2024 en Loeper Bright contra Raimondo, que anuló el principio de la Doctrina Chevron.

Chevron establecía que cuando un estatuto era ambiguo, los tribunales debían acatar la interpretación razonable de la agencia encargada de implementar ese estatuto. La abolición de este principio, establecido en 1984, abre la puerta para la eliminación de todas las normas y reglas de OSHA.

Muy pocas reglas explícitas de seguridad se encuentran en el Acta sobre Seguridad y Salud Ocupacional. Las normas actuales que trabajadores y empleadores deben seguir fueron elaboradas por OSHA para clarificar el lenguaje “ambiguo” de la cláusula del deber general. Ahora, cuando estas reglas sean desafiadas, los tribunales ya no deberán acatar la interpretación de OSHA.

Los recortes presupuestarios y el debilitamiento de la base legal de OSHA tendrán como resultado la muerte innecesaria y la discapacidad de innumerables trabajadores. La automatización, la robótica y otras tecnologías nuevas podrían acortar la jornada laboral y reducir peligros físicos en muchos sectores, pero cuando se implementan bajo la lógica del lucro, frecuentemente introducen amenazas mortales.

La muerte de Robert Chereone en Palmero’s Pizza en Milwaukee el 17 de septiembre de 2025 es emblemática del cambio en el panorama industrial. La robótica ya no se limita a producción de bienes duraderos como automóviles; ahora también se usa en la producción masiva de pizzas congeladas. Aunque aún no se conocen todos los detalles, la situación recuerda a la de Ronald Adams Sr. y tantos otros.

Muchas empresas entrenan a los trabajadores a depender de interbloqueos de seguridad y otros dispositivos electrónicos, en lugar de cortar completamente la energía y asegurar el equipo. Sin aislar las fuentes de energía y bloquear los sistemas, un malentendido o el disparo de un sensor puede causar consecuencias catastróficas.

Los trabajadores deben oponerse enérgicamente a los ataques contra el financiamiento de OSHA y a los intentos de desmantelar la base legal de las regulaciones de seguridad laboral.

Según las propias recomendaciones de OSHA, un elemento clave de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud es la participación del trabajador. Pero lo que se necesita es supervisión y control directo por parte de los trabajadores sobre la seguridad. Esto significa construir comités de base en cada fábrica y centro de trabajo, independientes de sindicatos corporativistas como el UAW.

La Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (IWA-RFC) ha iniciado esta lucha con su investigación sobre la muerte de Ronald Adams. Una audiencia pública realizada en Detroit, Michigan en julio recabó testimonios de trabajadores y profesionales en seguridad para arrojar luz sobre una situación que la empresa, el UAW y MiOSHA han tratado de ocultar.

Instamos a todos los trabajadores a unirse a la IWA-RFC y luchar por el control de base sobre la seguridad, como parte fundamental de la reorganización socialista de la sociedad en beneficio de las necesidades humanas por encima del lucro privado.

Para unirte a esta lucha, completa el formulario a continuación.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 25 de septiembre de 2025)