La administración de Trump está acelerando los planes para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Memphis y Nueva Orleans, mientras retrasa dicha acción en Chicago, según declaraciones de Trump y un informe basado en documentos del Pentágono obtenidos por el Washington Post.

Trump maniobra y realiza operaciones exploratorias utilizando agencias federales de policía, mientras busca determinar la mejor manera de avanzar en su plan para establecer una dictadura militar abierta. Aunque la Casa Blanca cita el “crimen” como pretexto para la intervención federal, todas las ciudades señaladas por Trump han visto descensos significativos del crimen y la violencia en los últimos dos años.

Trump anunció el enfoque hacia Memphis, la segunda ciudad más grande de Tennessee, durante una aparición en Fox News el viernes. “Seré el primero en decirlo ahora, vamos a ir a Memphis”, declaró, y luego agregó: “Hubiera preferido ir a Chicago”.

Dijo que desplegaría a la “Guardia Nacional y a quien más necesitemos. Y por cierto, también llevaremos al ejército si es necesario”.

CNN informó sobre un cambio en los planes de la Casa Blanca, señalando: “Trump comenzó a moderar sus amenazas de enviar tropas a la ciudad controlada por demócratas la semana pasada, diciendo: ‘Estamos esperando una llamada de Chicago’. Y la fiscal general Pam Bondi también insinuó este cambio de estrategia, diciendo a los periodistas que la administración acudirá a las ciudades ‘que nos quieran ahí’”.

La cadena citó a fuentes anónimas de la Casa Blanca que sugieren que hay complicaciones legales al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago cuando el gobernador del estado y el alcalde de la ciudad, ambos demócratas, están en contra. En Memphis, en contraste, el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, respalda entusiastamente cualquier acción que Trump decida tomar.

Lee emitió un comunicado en redes sociales el viernes diciendo que ha estado “en comunicación constante con la administración Trump para desarrollar un plan estratégico en múltiples fases para combatir el crimen en Memphis, utilizando al máximo tanto los recursos federales como estatales”.

Ofreció más detalles, señalando: “La siguiente fase incluirá una misión integral con la Guardia Nacional de Tennessee, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Patrulla de Caminos de Tennessee, el Departamento de Policía de Memphis y otras agencias de aplicación de la ley. Estamos trabajando de cerca con la administración Trump para determinar el papel más eficaz de cada una de estas agencias para servir mejor a los habitantes de Memphis”.

El alcalde demócrata de Memphis, Paul Young, y el demócrata Lee Harris, jefe del gobierno del condado de Shelby que rodea la ciudad, ambos declararon su oposición al uso de la Guardia Nacional. Sin embargo, Young enfatizó su deseo de cooperar con agencias federales como el FBI, la Agencia Antidrogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). “Creo que esas son las acciones que verdaderamente nos ayudarán a apoyar a las fuerzas del orden y reducir el crimen violento”, declaró.

Harris señaló la amenaza a los derechos democráticos que representan las amenazas de Trump, escribiendo en X: “Seamos claros: que el presidente envíe tropas a Tennessee interferirá y tendrá un efecto amedrentador sobre la capacidad de los habitantes de Tennessee para ejercer libertades fundamentales, como el derecho a protestar y la libertad de circulación”. Pero ninguno de los dos demócratas indicó tener planes más allá de presentar demandas legales o buscar más conversaciones con las autoridades federales.

Aunque no existe un calendario público para una operación militar en Memphis, el Washington Post publicó el sábado un informe basado en documentos que detallan un plan preliminar del Pentágono para activar a 1.000 miembros de la Guardia Nacional de Luisiana y desplegarlos en apoyo de agencias policiales y federales operando en los “centros urbanos” de dicho estado, principalmente Nueva Orleans y Baton Rouge.

Los documentos incluyen supuestamente “un borrador de memorando, sin firma y sin fecha, del secretario de Defensa Pete Hegseth dirigido a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi L. Noem, que describe la ‘ventaja única’” del enfoque propuesto por el Pentágono para la aplicación de la ley en Luisiana.

El plan estaría a la espera de una solicitud formal del gobernador republicano Jeff Landry, quien ha expresado públicamente su apoyo a dicha acción. Trump dijo a Fox News: “Nueva Orleans está en muy mal estado, y el gobernador quiere que vayamos”. Aunque alardeó de que las tropas federales restaurarían el “orden y la ley” en cuestión de semanas, si no días, el plan del Pentágono contemplaría una presencia militar en Luisiana hasta el 30 de septiembre de 2026, es decir, más de un año a partir de ahora.

El Post agregó que el Pentágono confirmó la autenticidad de los documentos, pero se negó a comentarlos, emitiendo una declaración en la que afirma que “los documentos filtrados no deben interpretarse como política oficial”.

El Post entrevistó a Randy Manner, general retirado del ejército y ex jefe interino de la Guardia Nacional, quien fue altamente crítico del procedimiento que está empleando la administración Trump. “Se supone que el gobernador debe solicitar esto, no el presidente o el secretario de defensa”, dijo al periódico, calificando la medida de “nada más que un intento político de acaparar el poder. … Nunca he visto algo así en mis 35 años” de servicio militar.

Otro exfuncionario del Pentágono dijo al Post: “Esto sugiere que en esta selección de lugares para enviar tropas probablemente hay una conversación política en curso”. Muchos funcionarios republicanos de Luisiana, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, han respaldado un despliegue militar en Nueva Orleans.

La propuesta es una amenaza no sólo para los derechos democráticos, sino también para la seguridad física de la población de Luisiana, ya que ocurre en plena temporada de huracanes, cuando se podría requerir a la mayoría de las tropas de la Guardia Nacional del estado para operaciones de rescate y recuperación de emergencia.

Otros reportes de la prensa apuntan a la creciente preocupación entre alcaldes demócratas, quienes dirigen los gobiernos locales en la mayoría de las grandes ciudades estadounidenses. Justin Bibb, alcalde de Cleveland y presidente de la Asociación de Alcaldes Demócratas, dijo: “Trabajaré con quien sea para mantener mi ciudad segura… lo haré con esta administración, pero no quiero a la maldita Guardia Nacional patrullando mis calles en Cleveland”.

Este último comentario es una demagogia vacía, al igual que las declaraciones del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y del gobernador de Illinois, JB Pritzker, diseñadas para cubrir políticamente a los demócratas mientras colaboran con cualquiera de las medidas que la Casa Blanca decida finalmente tomar. Cualquier cambio de táctica por parte de la Casa Blanca en relación con Chicago —que sigue claramente bajo amenaza— se debe al temor de una posible respuesta por parte de la clase trabajadora en la vasta área metropolitana, la tercera más grande del país.

Las recientes redadas intensificadas por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo el país han provocado enfrentamientos, incluido el asesinato de un trabajador sin documentos por parte de oficiales del ICE en Chicago.

En Rochester, Nueva York, cuando varios trabajadores de techado fueron blanco de un operativo del ICE, llamaron a sus familias desde el techo de la casa en la que trabajaban y una multitud de varios cientos pronto se reunió para apoyarlos. Las llantas de los vehículos del ICE fueron pinchadas, y los agentes se vieron forzados a retirarse, llevándose a un inmigrante pero dejando a los demás, quienes consultaban con sus abogados sobre los siguientes pasos a tomar.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de septiembre de 2025)